La Contraloría General de la República detectó una grave irregularidad en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huaraz, al comprobar que un docente con inhabilitación permanente impuesta por el Poder Judicial continuó dictando clases durante el inicio del año escolar 2026 e, incluso, recibió remuneraciones con recursos del Estado.
Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 009-2026-OCI/4513-SOO, el docente Edson Cosme Blacido Papa, nombrado en la Institución Educativa N.° 86014 «Túpac Amaru II», ubicada en el centro poblado de Huallcor, en Huaraz, mantenía un impedimento legal permanente desde el 31 de julio de 2024. La sanción fue registrada en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC), luego de una sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia de Áncash por delitos contemplados en los Decretos Legislativos N.° 1295 y N.° 1367.
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Pese a esta restricción, la comisión de control verificó que el docente desempeñó funciones con normalidad durante los meses de marzo y abril de 2026. Como resultado, la UGEL Huaraz procesó y pagó remuneraciones por un total de S/ 7,004.22, generando un presunto perjuicio por el uso indebido de recursos públicos.
El informe señala que esta situación se produjo debido a que el área de Recursos Humanos no realizó las verificaciones periódicas del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, obligación establecida en la normativa vigente para impedir que personas inhabilitadas ingresen o permanezcan en el servicio público.
Ante este hallazgo, el jefe del Órgano de Control Institucional, Jesús Rolando Mendoza Caro, remitió el informe al director de la UGEL Huaraz, Daniel Ángel Almeyda Medina, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para presentar un plan de acción con las medidas correctivas y preventivas que permitan evitar la repetición de este tipo de hechos y garantizar el adecuado uso de los recursos del Estado.
