El Informe de Orientación de Oficio N.° 013-2026-OCI/0346-SOO de la Contraloría General de la República reveló presuntas deficiencias en la contratación de personal en la Municipalidad Provincial de Yungay, al advertir que diversas personas realizaban labores en oficinas estratégicas de la comuna sin contar con una orden de servicio emitida y notificada, situación que podría afectar la legalidad de las contrataciones y generar riesgos para el adecuado uso de los recursos públicos.
Durante la inspección, el Órgano de Control Institucional (OCI) identificó a Manuel Jenrry Díaz Ortega, quien desempeñaba labores de vigilancia en la puerta principal del palacio municipal; Jhonny Freddy Caro Rimac, en la Unidad de Recaudación y Control de Deuda; Emperatriz Rosario Burgos Significación y Amanda Flormila Torres Tushna, en la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura; Elías Josue Reyes Yanac y Jhon Edson Gonzales Huane, en la Unidad de Fiscalización Tributaria y Rentas; Alexander Jhulimax Montañez Espinoza, en la Gerencia de Tránsito, Transporte y Control; y Karla Marion Lisset Ávila Polo y Miriam Flora Bustos Romero, en la Unidad de Seguridad Ciudadana. Según el cuadro contenido en el informe, en todos estos casos la verificación sobre la existencia de una orden de servicio figura con la condición de «No».
Las observaciones formuladas por la Contraloría también ponen el foco en la actuación de la Unidad de Logística, responsable de tramitar las contrataciones de servicios. De acuerdo con el órgano de control, la situación detectada podría generar contingencias administrativas y presupuestales si posteriormente se pretende reconocer pagos por servicios prestados sin el sustento contractual correspondiente.
Aunque el informe no determina responsabilidades administrativas, civiles o penales, la situación abre un debate sobre la responsabilidad política del alcalde provincial, Jose Antonio Romero Jara, como máxima autoridad de la entidad y responsable de garantizar que la administración municipal funcione dentro del marco legal. La designación y supervisión de los funcionarios de confianza, entre ellos quienes dirigen las áreas administrativas involucradas, forman parte de las obligaciones inherentes al despacho de Alcaldía.
El Órgano de Control Institucional notificó oficialmente al alcalde para que adopte las acciones preventivas y correctivas correspondientes dentro del plazo establecido por la normativa. La expectativa ahora se centra en las medidas que asumirá la gestión municipal para subsanar las observaciones y determinar las responsabilidades que correspondan, así como en el rol fiscalizador que ejercerá el Concejo Provincial frente a los hechos advertidos por la Contraloría.
Mientras tanto, la ciudadanía espera explicaciones claras sobre cómo fue posible que personas desarrollaran actividades en distintas dependencias municipales sin la documentación que, según el informe de control, debía sustentar su prestación de servicios.
