Hay contrataciones que llaman la atención por el monto. Y hay otras que llaman la atención por el contexto. La Contraloría General de la República acaba de poner la lupa sobre una contratación de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Áncash: una hija de un regidor de Huaraz fue contratada por la entidad pese a que, según el órgano de control, estaba impedida de hacer negocios con el Estado.
Se trata de Yisabel Kristefany Valdivia Patricio, hija del regidor de la Municipalidad Provincial de Huaraz, Yurin Octavio Valdivia Huamán. El caso aparece en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 047-2026-OCI/5332-AOP, emitido el 12 de agosto de 2026.
Los documentos hablan de dos órdenes de servicio y S/ 5,100 en total. La primera, por S/ 3,400, fue emitida en febrero de 2025 para labores de apoyo en la Subdirección de Licencias de Conducir y Seguridad Vial. La segunda, por S/ 1,700, se tramitó en marzo para servicios de auxilio administrativo.
Hasta aquí, podría parecer una contratación más dentro de la burocracia regional. El problema aparece cuando Contraloría revisa el vínculo familiar.
El informe señala que la proveedora es hija de un regidor en ejercicio. Y, de acuerdo con el órgano de control, esa relación de primer grado de consanguinidad la colocaba dentro de los impedimentos previstos por la normativa para contratar con el Estado en el ámbito correspondiente al ejercicio del cargo de la autoridad.
Pero hay otro detalle que resulta todavía más incómodo: el filtro debía funcionar antes de que se giraran las órdenes de servicio.
Según Contraloría, los responsables de la Subunidad de Abastecimiento de la DRTC no realizaron adecuadamente las verificaciones para detectar el impedimento. La entidad, por tanto, no solo enfrenta preguntas por la contratación, sino también por la eficacia de sus propios controles.
Y aquí aparece el contexto político.
La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones es parte del Gobierno Regional de Áncash, encabezado por el gobernador Koki Noriega Brito. El regidor Yurin Valdivia, padre de la proveedora observada, también llegó al cargo bajo el movimiento regional Agua. La cercanía política entre ambos es un dato que forma parte del escenario, aunque el informe de Contraloría no establece que dicha relación haya intervenido en la contratación.
Eso es importante. Una cosa es el hecho que documenta el órgano de control y otra, muy distinta, atribuirle una motivación política que el informe no señala.
Ahora corresponde a la Dirección Regional de Transportes responder. El jefe del OCI de Áncash, Raúl Alberto Torres Cruz, comunicó el hallazgo al director regional Hiro Darwin Ponte Gonzales, quien tiene 20 días hábiles para informar sobre las medidas correctivas y las acciones que correspondan para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
El monto puede parecer pequeño frente a los grandes presupuestos públicos. Pero precisamente ahí está el punto: la transparencia no debería depender del tamaño de la orden de servicio. Si existe un impedimento, los filtros tienen que funcionar igual para S/ 5,100 que para cinco millones.
Y esa es, finalmente, la pregunta que deja el informe: ¿cómo pasó el control una contratación que, según Contraloría, no debió pasar?
