Lo que debía convertirse en un proceso transparente para cubrir plazas vacantes bajo el Decreto Legislativo N.º 276 terminó envuelto en una ola de cuestionamientos, denuncias y sospechas de direccionamiento dentro de la Dirección Regional de Educación de Áncash (DREA). Postulantes del concurso público aseguran que el proceso habría sido manipulado para favorecer a trabajadores vinculados a miembros del comité evaluador y funcionarios de la entidad.
La polémica comenzó desde la primera etapa del concurso. Diversos participantes denunciaron haber sido excluidos sin argumentos claros y en presunta contravención de la RVM N.º 287-2019-MINEDU, norma que regula los procesos de contratación y selección de personal en el sector Educación. Según relatan los afectados, las observaciones formuladas por el comité evaluador carecían de sustento técnico y legal.
Uno de los hechos que más indignación generó entre los postulantes fue la publicación de resultados en horarios poco habituales. Los listados preliminares eran difundidos cerca de la medianoche —incluso a las 10:23 p. m.— pese a que el cronograma otorgaba apenas un día para presentar reclamos. Para los participantes, esta práctica habría tenido como finalidad limitar el derecho de impugnación y reducir la capacidad de respuesta de quienes se sentían perjudicados.
EL COMITÉ BAJO CUESTIONAMIENTO
De acuerdo con la Resolución Directoral Regional N.º 0820-2026, el comité de evaluación para el proceso de contratación DL 276 de la DREA estuvo conformado por Leopoldo Fidencio Brito Orellano, quien actuó como presidente; Oscar Yuri Dextre Jaimes, Catalina Virginia Cruz Lirio y Carlos Gerónimo Carrasco Giraldo, este último en representación del COPARE.
Leopoldo Fidencio Brito Orellano presidente del comité
Yuri Dextre Jaimes miembro del comité
Como miembros alternos fueron designados Fidel Stalin Vidal Llanos, Liliana Antonieta Herrera Mejía y Wilder Santos Blácido Enríquez.
Los denunciantes sostienen que varios postulantes favorecidos mantenían cercanía funcional o laboral con integrantes de este comité evaluador, situación que —afirman— debió motivar mecanismos de inhibición o mayor control para garantizar la transparencia del concurso.
LOS NOMBRES QUE DESPERTARON SOSPECHAS
Las dudas crecieron cuando comenzaron a conocerse los puntajes obtenidos por algunos postulantes que, según denuncian los concursantes, ya laboraban en la propia DREA y mantenían cercanía funcional con integrantes del comité evaluador.
Entre los nombres más cuestionados aparecen César Roberto Orellana Rosales, Gloria María Castillo Atencio, Giber Gustavo Ibarra Villafán, Juan Carlos Mori López y Juan de Dios Zambrano Fernández. Los participantes sostienen que varios de ellos no acreditarían experiencia específica compatible con las plazas a las que postulaban y que existirían inconsistencias respecto a las fechas de obtención de sus títulos profesionales registrados en SUNEDU.
Estas observaciones llevaron incluso a algunos concursantes a sospechar de una posible falsificación o sobredimensionamiento de experiencia laboral para obtener puntajes elevados. La situación generó tal nivel de desconfianza que varios participantes decidieron acudir personalmente ante los evaluadores para exigir explicaciones, pese a que este procedimiento no estaba contemplado en las bases.
“LOS GANADORES YA ESTABAN DEFINIDOS”
Uno de los postulantes llegó incluso a denunciar públicamente que el concurso ya tenía nombres definidos antes de concluir el proceso. Con el paso de los días, los mismos postulantes señalados terminaron siendo declarados ganadores, alimentando aún más las sospechas de direccionamiento.
La presión de los reclamos habría obligado al comité evaluador a retroceder parcialmente y revisar expedientes que inicialmente ya habían sido calificados. Esta situación derivó en la intervención verbal del Órgano de Control Institucional (OCI), que posteriormente emitió el Oficio N.º 000296-2026-CG/OSCE0706, disponiendo la suspensión parcial del concurso en tres plazas consideradas sensibles:
• Especialista Administrativo I (Personal)
• Planificador II
• Especialista Administrativo II (Escalafón)
Precisamente en esas plazas participaban trabajadores que ya laboraban en la DREA y que habrían sido subordinados directos de miembros del comité evaluador. Según los denunciantes, pese a que algunos postulantes aseguraban haberse desvinculado de la entidad, continuaban asistiendo y desempeñando labores dentro de la institución, situación que —afirman— podía ser corroborada por compañeros de trabajo.
RECLAMOS, SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN
Aunque el concurso continuó en otras plazas no observadas, los cuestionamientos persistieron. Los denunciantes aseguran que el comité intentó corregir irregularidades solo después de verse expuesto por los reclamos constantes de los postulantes.
Incluso señalan que, tras declararse a algunos ganadores ajenos al círculo cercano de la comisión, se iniciaron revisiones extraordinarias sobre la legalidad de sus documentos y se retrasó la emisión de resoluciones que formalizaban el vínculo laboral, dejando a varios adjudicatarios sin poder incorporarse inmediatamente a sus funciones.
Para los participantes afectados, esta habría sido una maniobra orientada a sacar del camino a quienes no formaban parte del supuesto grupo favorecido y así dejar abiertas las plazas para postulantes previamente acordados.
Después de casi dos semanas, el concurso fue reanudado en las plazas observadas por el OCI. Sin embargo, los cuestionamientos no cesaron. Según los denunciantes, la suspensión habría servido para replantear estrategias y garantizar finalmente el ingreso de César Roberto Orellana Rosales, Giber Gustavo Ibarra Villafán y Juan de Dios Zambrano Fernández.
ENTREVISTAS CON PUNTAJES PERFECTOS
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el resultado de la etapa de entrevistas. De acuerdo con los denunciantes, los postulantes cuestionados obtuvieron calificaciones máximas o cercanas al máximo, superando ampliamente al resto de participantes.
Los concursantes sostienen que estas plazas son estratégicas porque involucran manejo de personal y presupuesto institucional, por lo que sospechan que existiría interés en mantener a determinados operadores dentro de la entidad.
Las denuncias ya habrían llegado a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, donde se investiga presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias en la Carpeta Fiscal N.º 271-2026.
LOS CASOS MÁS CUESTIONADOS
César Roberto Orellana Rosales
Según la denuncia, actualmente laboraría en la Oficina de Personal de la DREA bajo régimen CAS y habría postulado al cargo de Especialista Administrativo II (Escalafón). Los cuestionamientos apuntan a que no contaría con experiencia específica en escalafón, pese a desempeñar funciones distintas desde el año 2019.
Además, se advierte una serie de pedidos de licencia sin goce de haber y desistimientos presentados durante el desarrollo del concurso, los cuales habrían sido aceptados sin mayores observaciones por la administración.
Giber Gustavo Ibarra Villafán
El postulante habría trabajado en la DREA como especialista en presupuesto y postuló al cargo de Planificador II. Los denunciantes sostienen que no tendría experiencia específica en planificación y cuestionan el alto puntaje recibido en experiencia laboral.
También señalan que presentó su renuncia mientras el concurso seguía en marcha y que esta fue aceptada de manera inmediata por la entidad, pese a no existir un proceso regular de entrega de cargo.
Juan de Dios Zambrano Fernández
En este caso, los cuestionamientos se centran en que habría obtenido el puntaje máximo en experiencia laboral pese a que su título profesional fue emitido recién en 2023, según registros de SUNEDU. Los denunciantes aseguran que gran parte de su trayectoria laboral no guardaría relación con el cargo al que postuló.
“NO SON CASUALIDADES”
Para los participantes inconformes, existen demasiadas coincidencias dentro del proceso. Los tres postulantes observados son economistas, laboran o laboraron varios años dentro de la DREA y participaron en plazas vinculadas al manejo administrativo y presupuestal de la institución.
Los denunciantes consideran que no se trata de hechos aislados, sino de un presunto entramado de favores internos entre funcionarios y miembros del comité evaluador para asegurar el control de determinadas oficinas estratégicas.
Además, cuestionan que los postulantes favorecidos hayan podido iniciar labores únicamente con sus hojas de adjudicación, mientras que otros ganadores fueron obligados a esperar la emisión formal de resoluciones para incorporarse.
PROCESO BAJO SOSPECHA
Otro aspecto que alimentó las críticas fue la constante modificación de comunicados y resultados en la plataforma institucional de la DREA. Los postulantes aseguran que el comité corrigió varias veces los puntajes y publicaciones sin brindar explicaciones claras.
A ello se suma la duración inusual del proceso, que se extendió por cerca de 70 días, un plazo considerado atípico para concursos de esta naturaleza.
Actualmente, varios concursantes vienen solicitando acceso a los currículos documentados de los ganadores; sin embargo, afirman que la entidad no estaría atendiendo dichos pedidos de transparencia.
Mientras tanto, el concurso continúa bajo una sombra de dudas, reclamos y denuncias que podrían derivar en investigaciones administrativas y penales en los próximos días.
