La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash ejecutó un operativo simultáneo en Lima, Huaraz y la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú (EESTP-PNP) de Yungay, como parte de una investigación por el presunto favorecimiento en la contratación de 32 docentes policiales y civiles.
La diligencia fue dirigida por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, a cargo del fiscal provincial Wilber Flores Lima, y contó con autorización judicial para el allanamiento, registro domiciliario, descerraje e incautación de bienes y documentos vinculados al caso.
Según la investigación fiscal, los integrantes del Consejo Académico de la EESTP-PNP de Yungay habrían favorecido presuntamente a determinados postulantes durante el proceso de selección y contratación de docentes para el período académico 2025-I denominado “Justicieras”.
Entre los investigados figuran Liz Medina Ticona, presidenta del Consejo Académico; Abigail Ramos Gonzales y Carla Arenas Mercado, vocales; así como Mauro Cantaro Peña, secretario. De acuerdo con la hipótesis fiscal, algunos postulantes contratados no habrían cumplido con los requisitos exigidos en el Manual de Personal Docente de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP-PNP).
Los hechos son investigados por la presunta comisión de los delitos de colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias.
Durante el operativo, desarrollado con apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR), fueron intervenidos tres inmuebles en Lima, una vivienda en Huaraz y las instalaciones de la escuela policial de Yungay.
Como resultado de las diligencias, las autoridades incautaron teléfonos celulares, computadoras portátiles, memorias externas, dinero en efectivo, vouchers de transacciones, agendas, documentos y currículums vitae, entre otros elementos considerados de interés para la investigación.
La Fiscalía informó que todo el material recopilado será sometido a pericias y análisis con el objetivo de determinar posibles responsabilidades penales y esclarecer los hechos denunciados.
La entidad reafirmó su compromiso de continuar investigando los presuntos actos de corrupción que afecten la transparencia en las instituciones públicas y el correcto uso de los recursos del Estado.
