La Contraloría General de la República advirtió presuntas irregularidades en la contratación de locadores de servicios dentro de la Dirección Regional de Salud de Áncash (DIRESA), situación que podría generar contingencias judiciales, demandas laborales y la desnaturalización de contratos civiles en la entidad.
De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N.° 005-2026-OCI/0830-SOO, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI), se evaluó la información registrada en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) entre marzo de 2025 y marzo de 2026, detectándose que la Dirección General y la Dirección Ejecutiva de Administración contrataron personal bajo la modalidad de locación de servicios para ejecutar labores de naturaleza permanente y subordinada.
Según el informe, las funciones consignadas en los términos de referencia estaban relacionadas con trámite documentario, seguimiento de documentación interna, generación de pedidos de bienes y servicios en el SIGA, así como apoyo en viáticos y rendiciones. Estas actividades, según el OCI, corresponden a funciones permanentes de los cargos de Secretaria IV y Secretaria V contemplados en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la institución.
La Contraloría señaló que dichas labores se desarrollaban de manera continua y dentro de ambientes determinados por la entidad, lo que vulneraría la normativa del Servicio Civil, la cual prohíbe contratar locadores para realizar funciones subordinadas propias del aparato administrativo del Estado.
El informe también evidenció presuntas irregularidades en el manejo de las órdenes de servicio. En la Dirección General se emitió la orden de servicio N.° 385 pese a que aún seguía vigente la orden N.° 263. Una situación similar ocurrió en la Dirección Ejecutiva de Administración, donde la orden N.° 354 fue aprobada antes del vencimiento de la orden N.° 195.
La Contraloría advirtió que mantener este esquema de contratación podría ocasionar demandas de reposición laboral, pago de beneficios sociales y responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios involucrados, debido a que el ingreso a labores permanentes en la administración pública debe realizarse mediante concurso público.
La jefa del OCI, Liz Magali Zuñiga Rojas, notificó formalmente las observaciones al director general de la DIRESA Áncash, Ricardo Tomas Natividad Collas. La entidad tiene un plazo de cinco días hábiles para remitir un plan de acciones preventivas y correctivas con el sustento documentario correspondiente.
