El aspirante a la alcaldía distrital de Huallanca, Teófilo Marcos Cervantes, fue excluido definitivamente del proceso electoral luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Recuay confirmara que se encontraba impedido de postular debido a una condena por el delito de peculado doloso.
Marcos Cervantes, quien buscaba regresar al municipio bajo la agrupación Partido Demócrata Verde, ya había ejercido anteriormente el cargo de alcalde por Somos Perú. Sin embargo, su candidatura quedó sin efecto tras prosperar una tacha presentada por el ciudadano Amador Garay, quien advirtió que el candidato registraba una sentencia condenatoria por un delito contra la administración pública.
Según la resolución del JEE, el exburgomaestre fue condenado por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Áncash a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por el delito de peculado doloso. Aunque la defensa sostuvo que el candidato ya había sido rehabilitado, el órgano electoral recordó que la Ley de Elecciones Municipales establece expresamente que las personas condenadas por delitos de corrupción, como el peculado, no pueden postular a cargos de elección popular, incluso cuando la condena haya sido rehabilitada.
Durante el procedimiento, la organización política cuestionó la tramitación de la tacha alegando presuntas deficiencias en el expediente electrónico, dificultades para acceder a los anexos y una supuesta vulneración del derecho de defensa. No obstante, el Jurado Electoral Especial concluyó que toda la documentación se encontraba disponible en la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones y que las notificaciones fueron realizadas conforme a la normativa vigente.
Asimismo, el colegiado tomó en cuenta información del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles administrado por SERVIR, donde figuraba la inhabilitación correspondiente al candidato, elemento que reforzó la decisión de declarar fundada la tacha.
Con esta resolución, Teófilo Marcos Cervantes quedó definitivamente fuera de la contienda electoral en Huallanca. El caso vuelve a poner en debate los filtros establecidos por la legislación electoral para impedir que personas condenadas por delitos de corrupción accedan nuevamente a cargos públicos, aun cuando hayan cumplido la sanción penal o hayan sido rehabilitadas.
