Contraloría advierte contratación de proveedor impedido y pagos que superarían los S/ 50 mil
El Gobierno Regional de Áncash vuelve a quedar bajo la lupa de los órganos de control. El Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 049-2026-OCI/5332-AOP, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI), advierte presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de un proveedor que se encontraba impedido para contratar con el Estado.
Según el documento de control, el caso involucra a Alejandro Junior Reyes Rojas, identificado como hijo de Daisy Violeta Rojas Narcizo, regidora de la Municipalidad Provincial de Huaraz por el movimiento Alianza Gobierno Unidad y Acción (AGUA).
El informe cuestiona que, pese a la existencia de un impedimento legal, se hayan procesado órdenes de servicio y adquisiciones vinculadas a recursos administrados por el Gobierno Regional de Áncash.
MÁS DE S/ 50 MIL EN CONTRATACIONES
De acuerdo con la información consignada en el informe, Reyes Rojas habría recibido contrataciones por un monto acumulado de S/ 50,866.89, mediante dos modalidades.
La primera corresponde a servicios contratados directamente a su nombre en el marco de actividades vinculadas al programa Procompite.
Entre las órdenes identificadas figuran:
- Orden de Servicio N.° 1812-2024: S/ 8,000 por la elaboración de un plan de negocio relacionado con alojamiento turístico en Huaraz.
- Orden de Servicio N.° 0501-2025: S/ 15,000 por un plan de negocio para la ampliación de servicios gastronómicos en Chavín de Huántar.
Ambas contrataciones representan un total de S/ 23,000.
EMPRESA CON PARTICIPACIÓN DEL PROVEEDOR
El segundo componente corresponde a contrataciones realizadas mediante la empresa Armor Negocios Comerciales S.R.L., en la que, según la información señalada en el documento, Alejandro Junior Reyes Rojas tendría una participación del 50 %.
La empresa obtuvo diversas órdenes de compra relacionadas con la adquisición de bienes destinados a actividades productivas y proyectos regionales, entre ellos motofumigadoras, bombas de mochila, equipos de protección personal y equipos de radiocomunicación.
El monto atribuido a estas adquisiciones asciende a S/ 27,866.89.
Sumados ambos conceptos, el monto observado alcanza los S/ 50,866.89.
¿DÓNDE ESTUVO EL CONTROL?
Uno de los principales cuestionamientos del OCI está dirigido al sistema de control previo aplicado por las áreas responsables de las contrataciones.
Según el informe, la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales no habría advertido oportunamente el impedimento que recaía sobre el proveedor.
El órgano de control señala además que no se habría efectuado una adecuada revisión de la información contenida en las Declaraciones Juradas de Intereses, documentos en los que podía identificarse el vínculo familiar entre el proveedor y la autoridad municipal.
La situación resulta especialmente relevante porque las contrataciones se efectuaron bajo montos que se encontraban dentro del régimen de contrataciones menores o iguales a ocho UIT, mecanismo que permite realizar adquisiciones sin un procedimiento de selección similar al de una licitación pública.
EL VÍNCULO FAMILIAR BAJO LA LUPA
El caso adquiere una dimensión política debido al vínculo entre el proveedor observado y la regidora Daisy Violeta Rojas Narcizo, quien pertenece al movimiento AGUA, agrupación política vinculada al entorno político con el que Koki Noriega llegó al Gobierno Regional de Áncash.
GOBERNADOR TIENE 20 DÍAS HÁBILES
Ante los hechos advertidos, el jefe del Órgano de Control Institucional, Raúl Alberto Torres Cruz, comunicó los resultados del servicio de control al gobernador regional de Áncash, Fabián Koki Noriega Brito.
El documento establece un plazo máximo de 20 días hábiles para que la entidad informe sobre las acciones adoptadas frente a las situaciones advertidas y las responsabilidades que correspondan.
El caso deja nuevamente en discusión la eficacia de los mecanismos de control interno del Gobierno Regional de Áncash y plantea una pregunta central: ¿cómo pudo concretarse una contratación observada por impedimento legal sin que las áreas responsables detectaran previamente el vínculo familiar?
La respuesta deberá estar en las acciones que adopte la administración regional y en las eventuales investigaciones que correspondan.
