El operativo de la Contraloría General de la República fue implacable. Diecinueve municipalidades de Áncash quedaron expuestas tras una semana de fiscalización intensa en mayo de 2025. El resultado: una radiografía cruda y escandalosa de lo que se hace —o no se hace— con los millones presupuestados para proteger a los ciudadanos.
CÁMARAS QUE NO GRABAN Y NUNCA LO HICIERON
De las 366 cámaras de videovigilancia instaladas en doce municipios, 91 están inoperativas. O lo que es lo mismo: uno de cada cuatro “ojos electrónicos” no ve nada. Pero el panorama es aún más patético cuando se analiza su capacidad real: el 14% graba con mala calidad, y el 28% no almacena imágenes por los 45 días mínimos que exige la norma.
Siete municipios —como Aija, Ocros, Corongo o Casma— ni siquiera tienen cámaras. La ley es clara, pero la desidia más. La mayoría no ha establecido planes de mantenimiento, ni correctivo ni preventivo: el 83% carece de un programa de mantenimiento, el 50% no repara nada y el 58% no previene fallas técnicas.
Algunos casos son grotescos. En Huarmey, el 66.7% de cámaras está muerta. En Huaraz, más de la mitad (55.4%) está apagada. En Independencia, el 46.7% también ha dejado de funcionar.
PATRULLAJE DE PAPEL
La historia se repite con los patrullajes. De los 154 vehículos destinados al serenazgo, 21 están inoperativos. En su mayoría motocicletas, pero también hay camionetas y hasta bicicletas en desuso.
Además, el 47% de los municipios no tiene un plan de patrullaje municipal. Y peor aún: el 24% no coordina con la Policía Nacional para realizar patrullajes integrados, lo que contradice lo dispuesto por el Ministerio del Interior y deja a la ciudadanía en manos del azar.
SERENOS DESARMADOS Y DESPROTEGIDOS
En plena ola de criminalidad, el 12% de las municipalidades no entrega ningún tipo de protección a sus serenos, y el 65% lo hace de forma incompleta. Solo el 23% cumple con proporcionar chalecos antibalas, cascos, rodilleras y guantes.
También hay problemas con las comunicaciones: 48 radios de los 446 identificados están inoperativos, lo que pone en riesgo la coordinación inmediata frente a una emergencia.
Las normas son contundentes. La Ley del Servicio de Serenazgo exige dotar a este personal de medios de defensa, uniformes y protección. Pero el papel y la realidad, una vez más, no se cruzan.
MILLONES GASTADOS, RESULTADOS NULOS
El informe revela que las 19 municipalidades intervenidas disponen, en conjunto, de S/ 49.4 millones asignados al programa de seguridad ciudadana (PP 030). Sin embargo, hasta mayo, solo se había ejecutado el 36.8% de ese presupuesto.
Casos como el de Aija son para el anecdotario de lo absurdo: con apenas S/ 10 mil asignados, solo gastaron S/ 228. La Municipalidad de Huaraz, con más de S/ 11 millones, ejecutó apenas el 17.9%. Y en Independencia, con más de 5 millones disponibles, solo se ha usado el 26.4%.
UN INFORME QUE NO PUEDE IGNORARSE
El documento de 34 páginas, suscrito por el Gerente Regional de Control de Áncash, Lenin Villegas Baca, concluye que esta desidia generalizada limita el monitoreo, debilita la prevención del delito y pone en riesgo la integridad de los ciudadanos. Y, por si fuera poco, contraviene normas como el Decreto Legislativo 1218, el Reglamento del SINASEC, y la Ley del Serenazgo.
