La Contraloría General de la República detectó dos hechos con indicios de irregularidad en la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal en el puente de Ranracancha”, proyecto adjudicado durante la actual gestión del alcalde Oswaldo Teófilo Montes Albornoz por S/ 1 834 000 al Consorcio Río Pongos. Las observaciones fueron consignadas en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 007-2026-OCI/1140-AOP, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI).
Uno de los hallazgos está relacionado con la publicación del expediente técnico en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Según la comisión de control, en el apartado destinado a los planos de ejecución de obra se publicó un archivo de análisis de costos unitarios en lugar de los planos correspondientes. También se habría omitido información técnica como el estudio hidrológico, cálculo de flete, cronogramas y diversos planos necesarios para conocer las características del proyecto.
Para el órgano de control, esta situación restringió el acceso oportuno de los potenciales postores a información técnica necesaria para formular sus ofertas y habría afectado los principios de transparencia, publicidad, libre concurrencia e igualdad de trato en el proceso de contratación.
El informe también señala que entre la documentación no publicada figuraba información relacionada con las áreas destinadas a la disposición de material excedente. De acuerdo con la Contraloría, el propietario del terreno tendría un vínculo de parentesco con el representante común del consorcio que obtuvo la buena pro.
CAMBIOS SUSTANCIALES EN EL PROYECTO
El segundo hecho observado corresponde a las modificaciones introducidas al proyecto respecto del estudio de preinversión. Inicialmente, se contemplaba un puente peatonal con superestructura de madera de eucalipto, con una inversión de S/ 459 819,41 y 25 beneficiarios directos.
Sin embargo, el expediente técnico posteriormente aprobado planteó un puente de concreto armado con obras complementarias, elevando la inversión a S/ 1 766 327,90 y posteriormente a S/ 2 024 094,72. Además, la población beneficiaria directa pasó de 25 a 96 personas.
Durante la revisión del padrón de beneficiarios, la comisión de control verificó que 11 de las 96 personas registraban domicilio en otras jurisdicciones, según la información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
La Contraloría cuestionó que la Unidad Formuladora aprobara el informe de consistencia pese a las modificaciones sustanciales incorporadas al expediente técnico, sin que se evidenciara un sustento técnico sobre el impacto de estos cambios en la población beneficiaria, el alcance de la intervención, los beneficios esperados y la rentabilidad social del proyecto.
Según el órgano de control, esta situación generó el riesgo de un uso ineficiente de los recursos públicos y de que no se alcancen los beneficios previstos para la población objetivo.
CUESTIONAMIENTOS EN PLENA CARRERA ELECTORAL
Las observaciones de la Contraloría se conocen mientras en Chavín de Huántar empieza a tomar fuerza la carrera electoral. De acuerdo con la información proporcionada, Isaac Anthony Montes Garamendi, hijo del actual alcalde, ha sido designado como candidato a la alcaldía por el partido Perú Primero.
La lista también incluye al actual alcalde Oswaldo Teófilo Montes Albornoz como candidato a primer regidor, situación que viene generando cuestionamientos entre vecinos, debido a que podría integrar el concejo municipal en una eventual gestión encabezada por su hijo.
A ello se suman cuestionamientos por la presunta contratación de integrantes de la lista electoral por parte de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar durante la actual gestión. Este aspecto forma parte del debate político local y deberá ser sustentado con la documentación correspondiente sobre las contrataciones, fechas y funciones
desempeñadas.
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OCI PIDE ADOPTAR MEDIDAS
Finalmente, la Contraloría determinó la existencia de dos hechos con indicios de irregularidad y recomendó a la municipalidad adoptar las acciones correspondientes para atender o superar las situaciones advertidas y, de ser el caso, efectuar el deslinde de responsabilidades.
El informe fue emitido el 7 de julio de 2026 y notificado al alcalde Oswaldo Montes Albornoz. La entidad tiene un plazo no mayor de 20 días hábiles para informar al OCI sobre las acciones adoptadas frente a las observaciones detectadas.
