Familiares y amigos de Richard Frank Rosales Calderón exigieron justicia, una investigación exhaustiva y sanción para los presuntos responsables de su muerte, ocurrida el pasado 8 de mayo de 2026 durante su jornada laboral en la obra del Reservorio de Shecta, proyecto impulsado por la Municipalidad Distrital de Independencia y ejecutado por el Consorcio Virgen del Carmen.
Según denunciaron públicamente, Richard Rosales salió de su vivienda antes de las 5:00 de la mañana, como parte de su rutina laboral, pero nunca regresó. Su fallecimiento dejó en la orfandad a cuatro hijos de 18, 14, 12 y 8 años, además de una esposa profundamente afectada por la tragedia.
La familia sostiene que existen hechos graves que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes. Entre ellos, señalaron que Rosales habría sido contratado como almacenero; sin embargo, presuntamente realizaba múltiples funciones ajenas a su cargo, como conducir vehículos, trasladar personal y materiales, recoger alimentos para trabajadores, operar maquinaria y ejecutar labores de campo.
Asimismo, denunciaron que presuntamente conducía una unidad para la que no habría contado con habilitación específica para el transporte de personal. También indicaron que, según testimonios recogidos, habría laborado sin contar con coberturas obligatorias como el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), situación que afectaría también a otros trabajadores de la obra.
Los familiares cuestionaron además presuntas contradicciones entre la versión brindada por responsables de la obra y el testimonio del trabajador sobreviviente del accidente. Del mismo modo, advirtieron sobre una posible alteración o contaminación de la escena, debido a que —según el acta policial y testimonios— trabajadores y representantes de la empresa habrían ingresado al lugar buscando pertenencias de la víctima.
Otra de las denuncias apunta a que testigos habrían observado la presencia de representantes de la empresa y abogados sosteniendo conversaciones con el fiscal y efectivos policiales a cargo de la investigación, incluso antes de que la familia recibiera una comunicación oficial sobre el fallecimiento.
La familia también aseguró que los empresarios habrían intentado conciliar económicamente el caso ofreciendo hasta 25 mil soles, monto que consideran insuficiente frente al daño ocasionado.
“NO BUSCAMOS VENGANZA. BUSCAMOS JUSTICIA”, expresaron los familiares mediante un pronunciamiento público.
Finalmente, solicitaron la intervención inmediata de SUNAFIL para una investigación y eventual sanción; del Ministerio Público del Perú y la Policía Nacional del Perú para garantizar una investigación objetiva y transparente; y pidieron a la Municipalidad Distrital de Independencia no aprobar la liquidación de la obra hasta determinar responsabilidades y garantizar una reparación justa para la familia.
