Lo que debía ser un proceso transparente para cubrir plazas vacantes bajo el Decreto Legislativo N.° 276 terminó envuelto en cuestionamientos, reclamos y sospechas de direccionamiento dentro de la Dirección Regional de Educación de Áncash (DREA). Las denuncias formuladas por postulantes del concurso público ya son materia de fiscalización por parte del Consejo Regional de Áncash.
La consejera regional por la provincia de Huaraz, Yanet Pinto Toledo, realizó una visita de fiscalización a la DREA para recabar información y documentación relacionada con presuntas irregularidades detectadas en las plazas de Especialista Administrativo I (Personal), Planificador II y Especialista Administrativo II (Escalafón).
Según las denuncias difundidas por KALETA La Revista, varios postulantes sostienen que el proceso habría sido direccionado para favorecer a trabajadores vinculados con integrantes del comité evaluador y funcionarios de la entidad.
Los reclamos comenzaron desde las primeras etapas del concurso. Diversos participantes denunciaron haber sido excluidos sin argumentos claros y en presunta contravención de la RVM N.º 287-2019-MINEDU, norma que regula los procesos de contratación y selección de personal en el sector Educación.
Además, cuestionaron que los resultados preliminares fueran publicados en horarios poco habituales, incluso cerca de la medianoche, pese a que el cronograma otorgaba apenas un día para presentar reclamos. Según los afectados, esta práctica habría limitado el derecho de impugnación y reducido la posibilidad de respuesta de quienes se consideraban perjudicados.
De acuerdo con la Resolución Directoral Regional N.º 0820-2026, el comité evaluador estuvo conformado por Leopoldo Fidencio Brito Orellano como presidente, además de Oscar Yuri Dextre Jaimes, Catalina Virginia Cruz Lirio y Carlos Gerónimo Carrasco Giraldo. Como miembros alternos fueron designados Fidel Stalin Vidal Llanos, Liliana Antonieta Herrera Mejía y Wilder Santos Blácido Enríquez.
Los denunciantes sostienen que varios postulantes favorecidos mantenían cercanía funcional o laboral con integrantes del comité evaluador, situación que —afirman— debió motivar mecanismos de inhibición para garantizar la transparencia del proceso.
Entre los postulantes más cuestionados aparecen César Roberto Orellana Rosales, Gloria María Castillo Atencio, Giber Gustavo Ibarra Villafán, Juan Carlos Mori López y Juan de Dios Zambrano Fernández.
Según los concursantes, varios de ellos ya laboraban en la propia DREA y habrían obtenido puntajes elevados en la etapa de entrevistas personales, incluso calificaciones máximas o cercanas al máximo, superando ampliamente al resto de participantes.
Los cuestionamientos también apuntan a que algunos postulantes no acreditarían experiencia específica compatible con las plazas convocadas y existirían inconsistencias respecto a las fechas de obtención de títulos profesionales registrados en SUNEDU.
La presión de los reclamos habría obligado al comité evaluador a revisar expedientes que inicialmente ya habían sido calificados. Posteriormente, el Órgano de Control Institucional (OCI), mediante el Oficio N.º 000296-2026-CG/OSCE0706, dispuso la suspensión parcial del concurso en las plazas de Especialista Administrativo I (Personal), Planificador II y Especialista Administrativo II (Escalafón).
Según los denunciantes, precisamente en esas plazas participaban trabajadores que ya laboraban dentro de la DREA y que habrían sido subordinados directos de integrantes del comité evaluador.
Pese a la suspensión, el proceso fue reanudado semanas después; sin embargo, los cuestionamientos continuaron. Los denunciantes sostienen que la suspensión habría servido para replantear estrategias y garantizar finalmente el ingreso de algunos postulantes observados.
Las denuncias ya habrían llegado a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, donde se investigan presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias en la Carpeta Fiscal N.º 271-2026.
Frente a esta situación, la consejera regional Yanet Pinto Toledo solicitó formalmente al director de la DREA, Elías Quiroz Aguirre, remitir en un plazo máximo de 10 días calendario toda la documentación vinculada al proceso de contratación, entre ellas bases del concurso, expedientes de postulantes, actas de entrevistas, cuadros de resultados, reclamos y resoluciones directorales.
