Señala vulneración a su derecho de defensa tras separación definitiva de la universidad
Redactado: Giraldo Saenz Kory
Angie Romina Solórzano Flores ofreció una rueda de prensa para denunciar presuntas irregularidades en el proceso disciplinario que derivó en su separación definitiva de la Universidad San Pedro. Durante su pronunciamiento, cuestionó el procedimiento seguido por la universidad y por la Red de Salud Pacífico Norte, señalando una presunta vulneración a su derecho de defensa y al debido proceso.
Según explicó, el caso se originó luego de una transmisión en vivo realizada durante una campaña médica gratuita en una institución educativa de la provincia del Santa. De acuerdo con sus declaraciones, en dicha transmisión cuestionó la falta de atención del centro de salud de Santa frente a documentación relacionada con la actividad médica realizada.
Asimismo, indicó que, tras sus declaraciones, personal del establecimiento de salud presentó una queja ante la Red de Salud Pacífico Norte. Entre las personas mencionadas por la denunciante figuran la obstetra Dorila, la licenciada Alicia Delgado y el director de la red, el doctor Corcuera.
Durante la conferencia, Solórzano Flores sostuvo que no fue informada oportunamente sobre los documentos o informes presentados en su contra. Además, señaló que, según indicó la denunciante, la universidad realizó el 7 de enero una reunión cuyo objetivo habría sido definir su separación definitiva, pese a que su internado médico culminó el 31 de diciembre.
La denunciante mostró constancias de culminación de internado médico correspondientes al Hospital Eleazar Guzmán Barrón, así como documentación del centro de salud de Coishco y registros de calificaciones obtenidas durante su formación académica.
Del mismo modo, manifestó que presentó un pedido de nulidad del procedimiento ante la Dirección Regional de Salud de Áncash desde el 13 de febrero. Sin embargo, afirmó que hasta la fecha no habría recibido una respuesta formal por parte de las autoridades competentes, situación que calificó como un presunto “silencio administrativo”.
“Es una situación de abuso de autoridad y arbitrariedad donde se ha vulnerado mi derecho a la defensa”, declaró durante la rueda de prensa.
Finalmente, Solórzano Flores indicó que, de no obtener una respuesta en la vía administrativa, continuará el proceso por la vía judicial con el acompañamiento de su defensa legal.
