El Perú es ese país donde la política ha dejado de ser vocación para convertirse, muchas veces, en extensión familiar o refugio de intereses personales. La lista de Juntos por el Perú en Áncash rumbo al 2026 abre más preguntas que certezas.
Encabeza la nómina Daniel Jefferson Varas Seguin (N.° 1). El joven abogado llega bajo la sombra política de su tío, el congresista Elías Varas. Según sus declaraciones juradas, no registra ingresos ni bienes, un dato que contrasta con su aspiración de dar el salto a una curul. Su candidatura reaviva el debate sobre la presencia de vínculos familiares en la política.
En el segundo lugar figura Lurdes Marlene Natividad Rivera (N.° 2). De acuerdo con información consignada en el sistema electoral, cuenta con una sentencia por delitos contra la fe pública, la cual ya fue cumplida. El caso fue incorporado mediante anotación marginal por el Jurado Electoral Especial, lo que ha generado cuestionamientos sobre los filtros internos del partido.
En el tercer puesto aparece Luis Edgar Maguiña Villarreal (N.° 3), docente y abogado con más de 30 años de trayectoria en Huaraz. Registra ingresos anuales cercanos a los 100 mil soles. No obstante, en el debate público han surgido señalamientos sobre presuntas afinidades ideológicas con el pensamiento de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso.
En el cuarto lugar está Sharon Lizbeth Huatangari Alva (N.° 4), dedicada a actividades comerciales y video maker. Declara ingresos mensuales de mil soles y no registra estudios superiores en su hoja de vida, lo que abre el debate sobre los requisitos reales para acceder a una candidatura parlamentaria.
Cierra la lista José Antonio Monzón Mendoza (N.° 5), biólogo con grado de doctor y experiencia en asesorías parlamentarias, con ingresos que bordean los 200 mil soles anuales. Su perfil técnico contrasta con el conjunto de cuestionamientos que rodean a la lista.
La propuesta de Juntos por el Perú en Áncash expone una mezcla de trayectorias, cuestionamientos y vínculos que invitan a una revisión más exhaustiva por parte del electorado. En un escenario donde la representación política debería sustentarse en mérito y transparencia, la ciudadanía tendrá la última palabra.
