En Áncash, donde la corrupción y la desidia suelen disfrazarse de “progreso”, la Contraloría ha puesto el dedo en la llaga: el flamante Centro de Salud de Chiquián, esa obra millonaria que debía ser símbolo de modernidad, corre el riesgo de convertirse en un foco de contaminación y conflicto social.
El informe de control concurrente revela que el gobierno regional de Ancash en la actual gestión de Koki Noriega, no ha asegurado el saneamiento físico-legal del terreno ni la viabilidad de la red de alcantarillado. ¿El resultado? Un sistema colapsado, buzones atorados, tuberías cortadas y conexiones clandestinas que descargan aguas residuales directamente al río Pativilca. El mismo río del que dependen los agricultores y ganaderos de la zona.
La empresa ejecutora, OHLA, lo advirtió con crudeza: “La futura operación del Centro de Salud agravará esta situación, aportando un caudal estimado de 20 m³/día de aguas residuales. Lo que constituye un riesgo ambiental y sanitario inaceptable para la salud pública y los ecosistemas locales”.
La EPS Chavín, mientras tanto, emitió certificados de factibilidad y autorizaciones como si todo estuviera en orden. Una ficción burocrática que contrasta con la realidad pestilente de los desagües clandestinos y la planta de tratamiento inoperativa.
El Consorcio Supervisor Chiquián fue aún más tajante: “El sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales asociado a la obra no resulta ambiental ni sanitariamente viable en su estado actual”. Y recomendó no poner en funcionamiento el establecimiento hasta que se garantice el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria.
La solución que se baraja —una planta de tratamiento independiente para el hospital— es, en realidad, la confesión del fracaso: se construyó un centro de salud sin asegurarse de que la ciudad tuviera un sistema de saneamiento operativo.
Así, el “mejoramiento de los servicios de salud” amenaza con convertirse en un monumento a la improvisación y la irresponsabilidad. Una obra de más de 122 millones de soles que, en vez de curar, podría enfermar.
En Chiquián, la democracia se mide en buzones colapsados y aguas negras vertidas al río. Y la pregunta que queda flotando es brutal: ¿quién responde por este despropósito?
