En Tinco, la educación inicial se ha convertido en una improvisación. Niños de 4 y 5 años de la institución educativa N.° 245 “Divino Niño Jesús” iniciaron el año escolar 2026 no en aulas, sino en el auditorio de la municipalidad distrital: un espacio público, de tránsito constante, donde circulan trabajadores y vecinos.
No es un ambiente escolar. Es un lugar compartido. Los servicios higiénicos son los mismos que utilizan funcionarios y público en general. No están adaptados para menores. No hay control. No hay condiciones.
La escena contrasta con lo anunciado meses atrás. El pasado 15 de octubre, la Municipalidad Distrital de Tinco difundió —con afiches y acto protocolar— el inicio del proyecto de mejoramiento de esta institución educativa. Se habló de progreso. Se prometió infraestructura. Se ofreció futuro.
Cinco meses después, lo que hay es otra cosa.
Según el sistema oficial Invierte.pe, el proyecto con CUI N.° 2564435 tiene un costo actualizado de S/ 462,824.67, pero apenas registra un 9% de avance financiero, con un devengado acumulado de S/ 41,500. Es decir, la obra prácticamente no ha avanzado. A ello se suma que su ejecución está proyectada hasta el año 2028, lo que confirma que no resolverá la urgencia actual.
Las versiones recogidas en el lugar agravan el panorama. Una madre de familia relató que trabajadores de la obra habrían advertido que la municipalidad no cumple con los pagos, lo que habría generado la paralización. “La empresa se ha llevado los materiales. No hay nadie trabajando”, denunció.
Ante el reclamo, el alcalde se comprometió a culminar el proyecto el 4 de abril. Sin embargo, días después, los propios padres acudieron a verificar el lugar y encontraron lo mismo: ausencia total de trabajadores, sin maquinaria ni actividad visible. La obra no solo está retrasada, está detenida.
Durante la cobertura, el equipo de prensa intentó obtener la versión del alcalde distrital, pero la autoridad evitó declarar. Desde su despacho, se limitó a señalar que se encontraba en reunión, sin atender las consultas pese a la presencia de padres de familia.
Mientras tanto, el riesgo persiste. “Nuestros hijos están en peligro. En esos baños entra cualquier persona. No hay seguridad”, advirtió una madre, evidenciando la preocupación que hoy recorre a las familias.
Pero hay un elemento que agrava aún más la situación. De acuerdo con documentación revisada, un presunto trabajador de la municipalidad, quien se desempeñaría como portero, registra antecedentes por denuncias vinculadas a violencia familiar y otros hechos, lo que genera mayor alarma considerando que se trata de un espacio donde permanecen menores.
Frente a este escenario, corresponde la intervención inmediata de las autoridades competentes: el Dirección Regional de Educación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. No solo para verificar el estado de la obra, sino para garantizar condiciones mínimas de seguridad y salubridad para los menores.
La educación inicial no puede depender de anuncios ni de plazos lejanos. Tampoco puede funcionar en espacios públicos sin control. Aquí no se trata solo de una obra retrasada, sino de una responsabilidad que, hasta ahora, nadie asume.
