En Huaylas, la ley parece ser una sugerencia y el presupuesto público, un buffet libre. Mientras el ciudadano de a pie ajusta sus cuentas, nueve regidores de la Municipalidad Provincial de Huaylas decidieron, con un descaro que sonrojaría a un tahúr, servirse con cuchara grande y «actualizar» sus dietas. El resultado: un incremento ilegal que ya ha costado a las arcas municipales S/ 32,625 y que amenaza con desfalcar casi S/ 60,000 en total. Todo, por supuesto, amparado en una leguleyada que el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desmintió. La Contraloría General de la República ya les puso la lupa encima, y el retrato que emerge es el de un contubernio burocrático para el auto-beneficio.
La Coartada con Número de Ley
Todo comenzó con una jugada maestra de interpretación legal. El 22 de marzo de 2025 se publicó la Ley N° 32269, que modificaba la Ley Orgánica de Municipalidades. La nueva norma parecía decir que las dietas de los regidores debían ser el 30% del sueldo del alcalde. Para el concejo huaylasino, esto no fue una norma a analizar, sino una señal de partida para la carrera hacia el cajero.
Hasta ese momento, cada uno de los nueve regidores percibía una dieta mensual de
S/ 1,500 1, establecida en el Acuerdo de Concejo n.° 010-20232222. Pero la nueva ley era demasiado tentadora.
La maquinaria municipal se activó con una celeridad envidiable. El 26 de marzo, apenas cuatro días después de publicada la ley, la Secretaria General,
Leslie Arianna Asencio Cruz, envió el Informe n.° 056-2025-MPHy/06.10 al Gerente Municipal, David Noé López Olivera, solicitando sin rodeos «proseguir con el trámite correspondiente» para el incremento3333.
Al día siguiente, el 27 de marzo, la Gerenta de Planeamiento y Presupuesto, Gladys Haydee Zelaya Aguas, emitió el Informe n.° 065-2025-MPHY/05.2025. En él, no solo confirmaba que el sueldo del alcalde era de S/ 7,500 y que el 30% equivalía a
S/ 2,250 para cada regidor, sino que aseguraba tener la «disponibilidad presupuestal» por S/ 60,750 para cubrir el festín desde abril hasta diciembre de 2025444444444. El banquete ya tenía financiamiento.
Para sellar el trámite con un barniz de legalidad, el 28 de marzo, la Gerenta de Asesoría Jurídica,
Edna Yamille Jurado Agama, emitió el Informe Legal n.° 78-2025-MPHY/05.10, dando su «opinión legal favorable»5. Con la bendición de la Secretaria General, la Gerenta de Presupuesto y la abogada de la casa, el camino estaba despejado.
El 1 de abril de 2025, mediante el Acuerdo de Concejo n.° 020-2025/MPHy-CZ, el alcalde José Felipe Espinoza Caballero y su pleno de regidores oficializaron el aumento. La dieta mensual pasó de S/ 1,500 a S/ 2,2506666, un jugoso incremento del 50%.
Los rostros del incremento. Los nueve regidores beneficiados con el ilegal aumento de dietas.
El «No» del MEF y la Contraloría al Acecho
Pero en su apuro por llenarse los bolsillos, los funcionarios y regidores de Huaylas olvidaron un pequeño detalle: la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 (Ley N° 32185). Esta norma, de mayor jerarquía para efectos presupuestarios,
prohíbe expresamente el reajuste o incremento de remuneraciones y dietas en todas las entidades del Estado7.
El 9 de mayo de 2025, el MEF, cansado de las «consultas» de municipalidades ansiosas por subirse el sueldo, emitió el
Oficio Circular n.° 0074-2025-EF/50.078888. El documento era una clase de derecho presupuestario para alcaldes y regidores de primaria: les recordaba que la Ley de Presupuesto prohíbe los aumentos y que la nueva Ley 32269 no constituía una excepción9.
Pero para entonces, en Huaylas, el dinero ya corría. Entre abril y agosto de 2025, la municipalidad pagó un total de S/ 100,125 a sus nueve regidores. Lo que debió pagar, según la dieta legal, era S/ 67,500. Es decir, un excedente, un pago indebido, de
S/ 32,62510.
¿Y de dónde salió la plata? La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para habilitar el crédito para las nuevas dietas, metió mano al presupuesto. Mediante la Nota de Modificación Presupuestaria N° 0000000354, anuló
S/ 59,625 de las partidas de «Compensación Vacacional» y «Personal administrativo» para transferirlos a la partida de «Dietas de regidores»11111111. En criollo: le quitaron plata a los trabajadores para dársela a los políticos.
Los Nombres del Festín
El informe de la Contraloría es demoledor. Señala una «situación adversa» que ha generado un pago indebido y que «podría afectar los fondos públicos»12. Y aunque el informe no personaliza la responsabilidad penal, los nombres de los beneficiarios están claros. La revista local «Kaleta» ya les puso rostro:
Ketty Chauca, Manuel Huaman, Tania Cadillo, Marco Milla, Violeta López, Digna Pato, Rubela Trejo, Antolino Nieto y María Fernández.
Ellos son los nueve regidores que, sesión tras sesión, levantaron la mano para aprobar su propio aumento, ignorando las leyes de presupuesto.
El informe de Orientación de Oficio N° 014-2025-OCI/0339-SOO ya está en el despacho del alcalde. Es un papelón monumental y un caso de manual sobre cómo la burocracia puede torcer las leyes en beneficio propio. La pregunta ahora es si el alcalde Espinoza Caballero ordenará detener los pagos y recuperar el dinero malversado, o si, como suele ocurrir en los feudos del poder local, el informe dormirá el sueño de los justos mientras los responsables ensayan una defensa cínica. La Contraloría ya hizo su trabajo. Ahora le toca a la justicia, y a los ciudadanos de Huaylas, exigir cuentas.
