En el Perú, el que no publica, no existe. O peor aún: el que no publica, oculta. Y en Bolognesi, al parecer, el silencio tiene buena pro. Literalmente.
Un reciente informe de la Contraloría —el 003-2025-OCI/0333-SCC— acaba de confirmar lo que muchos ya sospechaban: en la Municipalidad Provincial de Bolognesi, bajo la administración del alcalde Robert Márquez, las reglas del juego se aplican con retardo… o se ignoran con elegancia.
Resulta que el 25 de febrero de este año, la comuna convocó a una Adjudicación Simplificada para un proyecto de cobertura en la I.E. 86211 Coronel Bolognesi, en Chiquián. Una obra pequeña, sí, pero con un procedimiento que debería ser grande en transparencia. No lo fue.
Las bases establecían claramente que el 14 de marzo se llevaría a cabo la evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro. Y sí, el Comité de Selección se reunió ese día, evaluó la única oferta presentada —la del “Consorcio Bolognesi”, integrado por Inmobiliaria & Constructora Asis S.A.C. y MACSILRELI S.A.C.—, y les dio luz verde. Todo correcto, hasta ahí.
Lo incorrecto, por no decir escandaloso, es que esa decisión, que por ley debía publicarse el mismo día en el SEACE (el sistema nacional de contrataciones), fue subida recién el 24 de marzo. Diez días después. Como si la transparencia tuviera que hacer cola.
¿Y qué dice el Reglamento de Contrataciones del Estado? Que la buena pro se entiende notificada “el mismo día de su realización”. Que la publicación es obligatoria “bajo responsabilidad del comité”. Que todo este proceso debe ser claro, público, vigilable. Pero eso parece no aplicar cuando los documentos duermen la siesta.
Y la historia no acaba ahí. Porque tres días después de la supuesta entrega de la buena pro, el 17 de marzo, el mismo Comité elaboró otra acta —esta vez para declarar desierto el proceso— alegando que MACSILRELI S.A.C. no tenía su RNP vigente. Es decir, la empresa no estaba habilitada legalmente para ejecutar la obra. ¿No lo sabían el 14 de marzo, cuando le entregaron medio millón de soles en confianza? ¿O lo sabían y lo ignoraron?
Peor aún: esta nueva acta de «desierto» tampoco fue publicada en la fecha que corresponde, violando una vez más el Reglamento, que exige su difusión inmediata. Aquí, la norma es la omisión.
Así, entre publicaciones a destiempo, decisiones contradictorias y silencios administrativos, se va armando un nuevo episodio de la ya vieja historia nacional: la de las contrataciones sin control, los consorcios oportunos y los funcionarios que creen que la ley es un adorno institucional.
La Contraloría ya dejó constancia. Lo demás depende de nosotros: periodistas, ciudadanos y fiscales con agallas. Porque en un país donde la transparencia se esconde, cualquier acto de fiscalización es un pequeño milagro.
