OBRA ELÉCTRICA DE MÁS DE 12 MILLONES EN ANCASH REGISTRA GRAVES DEFICIENCIAS

La Contraloría identificó postes inclinados, pagos por trabajos incompletos y falta de autorizaciones para infraestructura eléctrica en zonas rurales de Chimbote. El proyecto está a cargo de la Sub Región Pacífico y compromete más de S/12 millones del presupuesto público.

La ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Suministro Eléctrico Domiciliario” en los sectores de Tupac Amaru, Carrizales, Lacramarca Baja, Las Lomas y La Mora en Chimbote evidencia deficiencias graves en su avance y supervisión, según el Informe de Control Concurrente N.º 009-2025-OCI/4164-SCC emitido por la Contraloría General de la República.

Durante la inspección física del avance al 18 de junio de 2025, se detectaron postes de concreto mal instalados, inclinados o con cimentaciones deficientes, montajes que no respetan el expediente técnico aprobado. Además, las redes de puesta a tierra presentan resistencias por encima de lo permitido y conexiones incompletas, poniendo en riesgo la seguridad del suministro.

A pesar de ello, el contratista —Consorcio Lacramarca— valorizó y cobró partidas no ejecutadas o apenas parciales**, hecho que vulnera el reglamento de contrataciones y podría derivar en penalidades. Peor aún: la supervisión validó estos pagos, incumpliendo sus funciones de control técnico y económico.

El informe también advierte que la entidad regional no gestionó oportunamente las autorizaciones de servidumbre en canales de riego y caminos rurales. Ello permitió la oposición de administradores y propietarios, afectando el cronograma y exponiendo la obra a paralizaciones futuras.

El proyecto, a cargo de la Sub Región Pacífico, tiene una inversión aprobada de S/12 387 888. Su ejecución —bajo la modalidad de contrata y supervisada por el Consorcio Eléctrico del Perú— inició en junio de 2024 y tenía como meta electrificar zonas vulnerables de la provincia de Santa.

Sin embargo, las irregularidades persisten. La Contraloría ha solicitado al titular de la entidad regional informar en un plazo de cinco días sobre las medidas adoptadas. Mientras tanto, la electrificación en zonas rurales parece encender más alertas que focos.

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