La Contraloría General de la República advirtió que la Municipalidad Distrital de Santa Cruz, en la provincia de Huaylas (Áncash), contrató a un proveedor que se encontraba legalmente impedido de contratar con el Estado dentro de su ámbito territorial. El hecho fue documentado en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 006-2025-OCI/0339-AOP, emitido el 26 de marzo de 2025 por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Huaylas.
Según el informe, durante el año 2023 la municipalidad suscribió cuatro órdenes de compra por un total de S/ 17 462,50 con Marco Antonio Lavado Aparicio, quien es hermano del consejero regional Miguel Ángel Lavado Aparicio y cónyuge de la regidora provincial Digna Soledad Pato Lindo. Ambos funcionarios ejercen cargos públicos en el Gobierno Regional de Áncash y la Municipalidad Provincial de Huaylas, respectivamente, lo que configura un impedimento legal para contratar con entidades del Estado en su jurisdicción, según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
El proveedor presentó declaraciones juradas afirmando no tener impedimentos para contratar, pese a que su vínculo de consanguinidad y afinidad con autoridades en funciones lo excluía expresamente. La Unidad de Abastecimiento y Logística de la municipalidad no verificó esta condición, lo que permitió la contratación y el pago por bienes como útiles de oficina y tóner para impresoras.
La Contraloría concluyó que este hecho vulnera los principios de legalidad, transparencia e integridad que deben regir en la administración pública. Por ello, solicitó al alcalde distrital de Santa Cruz, Ampelio Inocente Chávez Crispín quien inicio su gestión también en 2023 adoptar medidas correctivas y remitir, en un plazo máximo de cinco días hábiles, la documentación que sustente las acciones tomadas frente a esta irregularidad.
