Contraloría revela que Domingo Aparicio Gómez Consejero Regional por Recuay durante el periodo 2019-2022, también laboró como asesor legal pese a estar impedido por ley.
Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Anta-Carhuaz contrataron a Domingo Aparicio Gómez Castillo, quien ejercía el cargo de Consejero Regional por Recuay durante el periodo 2019-2022, como asesor legal en calidad de contratado entre enero de 2019 y marzo de 2021. Esta contratación se dio a pesar de que Aparicio se encontraba impedido de contratar con la entidad municipal, lo que afecta gravemente la transparencia en las contrataciones realizadas por la institución. Durante ese tiempo, el pago a Aparicio alcanzó la suma de S/40,500.
Ante esta irregularidad, la Contraloría General de la República ha recomendado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar acciones penales contra los funcionarios y servidores públicos involucrados. Según el informe de control específico, las personas comprendidas en los hechos irregulares incluyen a Joel José Briceño Regalado, Esther Dominga Loli Obispo, Jorge Gabriel Cupitán Tadeo, Yovana Karina Cueva Medina, Oscar Roberto Vásquez Alfaro y Jenny Lisbeth Norabuena Giraldo.
Además, el Tribunal de Contrataciones del Estado emitió la Resolución N° 3148-2024-TCE-S4, fechada el 13 de septiembre de 2024, donde se sancionó a Domingo Aparicio Gómez Castillo con una inhabilitación temporal de cuatro (4) meses, impidiéndole participar en procedimientos de selección, extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, y/o contratar con el Estado. La sanción se basa en la responsabilidad de Gómez Castillo por haber contratado con la municipalidad estando impedido, conforme a lo estipulado en el artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
El contrato de locación de servicios fue firmado el 4 de enero de 2021 y derivó en las Órdenes de Servicio N° 0003-2021, 0027-2021 y 0057-2021, por un monto individual de S/. 1,500.00 cada una. La inhabilitación de Gómez Castillo entrará en vigor a partir del sexto día hábil tras la notificación de la resolución. La Contraloría ha señalado que esta serie de irregularidades pone en evidencia un claro incumplimiento de las normativas de contratación y plantea serias dudas sobre la integridad de los procedimientos en la municipalidad.
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