MUNI DE HUARI HACE OÍDOS SORDOS Y PONE EN RIESGO AGUA

Contraloría detecta que la gestión edil no implementó medidas clave para mejorar la calidad del agua y el saneamiento en la provincia de Huari.

La Municipalidad Provincial de Huari no acreditó la implementación de nueve recomendaciones técnicas formuladas por la Oficina Desconcentrada de Servicios de Huaraz (SUNASS), situación que podría afectar la calidad y correcta prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el distrito de Huari, provincia de Huari, región Áncash.

Así lo advirtió la Contraloría General de la República mediante el *Informe de Orientación de Oficio N.° 020-2025-OCI/0338-SOO*, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la misma municipalidad, tras una evaluación realizada entre el 17 y 18 de junio de 2025.

Durante esta verificación, se identificó que de un total de 27 recomendaciones emitidas por SUNASS en 2024, nueve aún no han sido implementadas, a pesar de su impacto en la salud pública y la sostenibilidad del servicio.

Entre las recomendaciones incumplidas figuran la *formalización del prestador de servicios de saneamiento, la obtención de la licencia de uso del agua, la realización de mediciones de caudales, así como la instalación de cercos perimétricos en zonas de captación y reservorios, y el monitoreo permanente de la calidad del agua*.

De acuerdo con la normativa vigente, el acceso al agua potable es un derecho fundamental y un servicio esencial cuya provisión debe cumplir estándares de confiabilidad, calidad y sostenibilidad. Sin embargo, el informe concluye que las omisiones detectadas podrían comprometer estos objetivos.

Ante esta situación, la Contraloría ha solicitado a la Municipalidad de Huari adoptar medidas correctivas y preventivas, además de *informar en un plazo máximo de cinco días hábiles* sobre las acciones ejecutadas o previstas, acompañadas de la documentación que lo acredite.

La gestión edil está obligada a responder ante una situación que, de no atenderse a tiempo, podría poner en riesgo la salud de la población y vulnerar el derecho al acceso a servicios básicos.

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