En el centro poblado de Parco, en el distrito de Cátac, provincia de Recuay, región Áncash, los vecinos esperaban agua potable. Les prometieron un sistema de saneamiento digno, moderno, eficiente. Les hablaron de progreso, de salud, de desarrollo. Pero hasta el momento lo que hay no es más que una maraña de documentos, contratos, cambios de personal, pagos cuestionables… y sí, mucha sed.
En el informe de contraloría N° 012-2025-OCI/0343-SCCEl, menciona que la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico del centro poblado de Parco del distrito de Cátac – provincia de Recuay, departamento de Áncash”— nació el 29 de septiembre de 2020 con una modesta inversión de S/1 315 981,13. Pero como todo lo que se hincha y nunca se supervisa, pronto se volvió más caro: el expediente técnico aprobado en febrero de 2023 ya hablaba de S/2 047 268,41.
¿Y quién puso el dinero? Nada menos que el Gobierno Regional de Áncash, que el 9 de septiembre de 2023 firmó el convenio N° 236-2023 con la Municipalidad Distrital de Cátac, prometiendo financiar todo: S/2 022 008,41, ni un sol más, ni un sol menos. Y aquí empieza el laberinto.
Una obra, dos convocatorias y un consorcio con doble cara
La primera convocatoria para la ejecución de la obra fue declarada desierta. Nadie quiso meterse. ¿Desinterés? ¿Mucho riesgo? ¿Poco margen? Vaya uno a saber. Pero a la segunda, el 30 de noviembre de 2023, apareció el Consorcio Milenium, conformado por dos empresas que, como casi siempre en estas historias, parecen creadas para un solo propósito: ganar la buena pro.
El contrato se firmó el 15 de enero de 2024, por un monto contractual de S/1 646 064,38, con un plazo de ejecución de 120 días calendario. Todo bien, en apariencia.
Pero como toda obra pública necesita supervisión (y también necesita a alguien que no supervise mucho), la Municipalidad también contrató a otro consorcio, esta vez de nombre poético: Supervisión Tres Cruces. Un dúo de ingenieros con RUCs personales, que ganaron la buena pro y firmaron contrato por S/101 102,40 para vigilar que la obra se haga como debe ser.
El contrato establecía que el jefe de supervisión sería el ingeniero Raúl Edgar Castillejo Melgarejo. Y aquí viene el primer detalle macondiano de este realismo mágico andino: el ingeniero Castillejo solo apareció en la obra durante 8 días. El 1 de abril estaba ahí. El 8 de abril ya no.
El 9 de abril fue reemplazado —legalmente— por otro ingeniero, Moisés Concepción Engracio Padilla, mediante una resolución municipal que, además, recordaba la posibilidad de aplicar penalidades por esta sustitución anticipada. En teoría.
Las cuentas que no suman (ni restan penalidades)
El reglamento de contrataciones del Estado establece que el personal clave debe permanecer mínimo 60 días en la obra. Castillejo estuvo 8 días. O sea, 52 días ausente.
Según la cláusula duodécima del contrato, la penalidad por cada día de ausencia del personal clave es de 0.5 UIT, es decir, S/ 2575 diarios. Multiplicado por 52, da un total de S/133 900,00. Pero claro, no se podía aplicar ese monto completo, porque la penalidad máxima permitida es el 10% del contrato. Es decir, S/10 110,24.
¿Y qué pasó con esa penalidad?
Nada.
O peor que nada: la Municipalidad pagó el monto completo de la valorización N.º 1 al Consorcio Supervisión Tres Cruces. Incluso después de que sus propios técnicos alertaran sobre la ausencia del jefe de supervisión y recomendaran aplicar la penalidad.
El pago se efectuó el 28 de mayo de 2024, bajo la rúbrica de una “Nota de Pago”, por S/13 033,00. Es decir, se validó una supervisión incompleta, se omitió una sanción contractual evidente, y se giró el dinero sin el más mínimo gesto de decoro presupuestal.
La historia que se repite
¿Fue un descuido? ¿Fue complicidad? ¿Fue negligencia? ¿Fue simplemente la costumbre? Todo apunta a que el alcalde de Cátac, Ever Pérez Alvarado, tendrá que responder estas preguntas ante la Contraloría. Porque esto no es solo un error administrativo: es un acto de omisión con costo para el Estado.
El informe N.º 012-2025-OCI/0343-SCC de la Contraloría es categórico: los funcionarios de la actual gestión inobservaron la ausencia del jefe de supervisión, no habrían aplicado la penalidad de S/10 110,24, y autorizaron pagos sin sustento.
En Parco, la obra sigue. En el papel, todo está en regla. Pero en la práctica, lo que se ha construido —hasta ahora— es una nueva crónica del despilfarro. Una obra que prometía agua potable, y que hoy solo ha dejado documentos empapados en sospechas.
Mientras tanto, los pobladores siguen esperando que el agua llegue. No la de los papeles. La de verdad.
