El maltrato y la discriminación laboral no son prácticas aceptables en ninguna institución pública. Sin embargo, la denuncia formal presentada por los profesionales del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la Comisaría PNP Huaraz pone de manifiesto una situación alarmante de hostigamiento, liderada por la coordinadora Patricia Henostroza Cárdenas, quien, desde su llegada al centro, ha hecho de su comportamiento autoritario y abusivo una constante.
La denuncia, que ha sido presentada ante la Unidad de Gestión del Talento Humano e Integridad del Programa Nacional Aurora, dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, detalla una serie de hechos que no solo transgreden las normas laborales, sino que también han afectado gravemente el bienestar emocional de los profesionales que, día tras día, brindan su servicio en un contexto ya vulnerable. Maltrato psicológico, discriminación y humillaciones son solo algunos de los elementos que componen el patrón de conducta de Henostroza Cárdenas, cuyas acciones han creado un ambiente laboral insostenible.
Pero hay más. La coordinadora no solo ha sido acusada de interferir en el desempeño profesional de su equipo, sino también de usurpar funciones y manipular al personal. De acuerdo con la denuncia, el maltrato verbal ha sido una constante, junto con las amenazas y el amedrentamiento. Un comportamiento que no solo se considera ilegal, sino profundamente inmoral en el entorno laboral.
Lo más insólito de este caso es que, mientras Henostroza Cárdenas disfruta de sus alimentos en horas de trabajo, prohíbe a sus subordinados hacerlo, alegando que el programa no financia este tipo de beneficios. Esta contradicción refleja la actitud autoritaria y desmesurada de una persona que, en lugar de fomentar el respeto y la colaboración, busca someter y humillar a su equipo.
A pesar de que los profesionales afectados han elevado el caso al coordinador territorial de Ancash del P.N. Aurora, y de que el 10 de febrero se presentó la última comunicación oficial al respecto, más de tres días han transcurrido sin que se tomen medidas concretas. La inacción frente a esta denuncia solo evidencia la falta de compromiso con la protección de los derechos laborales y humanos de los profesionales que, en teoría, deberían estar protegidos por las mismas instituciones que ahora los vulneran.
Es hora de que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto, y no solo como una respuesta a la denuncia, sino como un firme compromiso con la ética y el bienestar de aquellos que, en circunstancias de alta vulnerabilidad, son quienes más necesitan protección y respeto.
