En Rahuapampa, distrito de la provincia de Huari, la transparencia parece haber quedado fuera del discurso oficial. La I Audiencia Pública 2025, convocada para el 29 de mayo, transcurrió en completo hermetismo: sin transmisión en vivo, sin cobertura periodística, sin nota de prensa oficial. Lo único que publicó la municipalidad fue un escueto flyer anunciando la actividad, como si se tratara de un evento menor, y no de un ejercicio de rendición de cuentas obligatorio por ley.
El alcalde Joel Pajuelo Sánchez se encuentra en el centro de la controversia. La falta de acceso a la información pública ha encendido nuevamente las alertas ciudadanas, especialmente tras las denuncias que hace unos meses remecieron las redes sociales. La ciudadana Tania Rocío Edones Leiva acusó al alcalde de intervenir directamente en la obra “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la I.E. Manuel Seoane Corrales”, valorizada en más de 2 millones de soles.
Entre las graves acusaciones destacan presuntos despidos arbitrarios, contrataciones a dedo de familiares de regidores, explotación laboral de menores y carencia de equipos de seguridad. Según Edones Leiva, el operador de estas prácticas sería Espinoza Guardia Wilson, supuesto brazo ejecutor del alcalde en la obra.
Además, se denunció una posible sobrevaloración del proyecto y discrepancias entre el avance físico real y los informes oficiales. La pregunta sigue en el aire: ¿quién se está beneficiando de estas irregularidades?
Paradójicamente, en una entrevista grabada por Kaleta la revista, el mismo alcalde afirmó que no encontró irregularidades en la gestión anterior de Marino Villavicencio. Sin embargo, admitió que sí halló obras deficientes y expedientes mal elaborados, hoy bajo proceso de subsanación.
En un contexto donde las palabras no bastan, el silencio informativo de la audiencia pública no solo indigna, sino que agrava la sensación de opacidad. El pueblo de Rahuapampa merece saber cómo se está gastando su dinero y qué resultados concretos tiene la gestión municipal.
Si la transparencia es una obligación, ¿por qué la gestión de Joel Pajuelo se resiste a rendir cuentas abiertas?
