En Chavín de Huántar, el poder no solo administra: se promociona. Y cuando lo hace, deja huella. A veces en redes sociales. Otras, en el padrón electoral.
El Informe N.° 001-2026 de la Contraloría General de la República ya había advertido lo evidente: la municipalidad difundió publicidad estatal en pleno periodo electoral destacando nombre, cargo e imagen del alcalde Oswaldo Teófilo Montes Albornoz. No era información urgente. Era exposición.
Pero la historia no termina ahí.
Mientras la institución repetía el apellido Montes en publicaciones oficiales, en las calles y redes ese mismo apellido comenzaba a tomar otra forma: pintas, eventos con música, bandas, comida y cerveza. No como gestión. Como marca.
Y toda marca necesita un candidato.
En ese escenario aparece el hijo del alcalde, Montes Isaac Anthony, señalado como eventual postulante por el movimiento Perú Primero. Entonces, la secuencia empieza a encajar: primero se posiciona el apellido, luego se instala la presencia y finalmente se prepara el terreno electoral.
Pero hay un dato que termina de incomodar.
El padrón electoral del distrito ha pasado de 6,806 votantes en 2022 a más de 11,917 en la actualidad. Casi el doble. No es un crecimiento natural. Es un salto que exige explicación.
Los pobladores hablan de “electores golondrinos”. Denuncian presuntos cambios masivos de domicilio y apuntan directamente al entorno del alcalde Oswaldo Montes, a quien acusan de estar financiando estos traslados con un objetivo claro: asegurar votos para la próxima elección.
El caso más evidente está en Pacchán: de unos 150 electores a más de 1,184. Un incremento de más del 689%. No es migración. Es un fenómeno dirigido.
En medio de estos movimientos, aparece también el nombre de una mujer identificada como Marcela, quien —según los denunciantes— habría facilitado el cambio domiciliario de alrededor de 120 personas.
Así, mientras el padrón se infla, la campaña se anima y la publicidad estatal amplifica un apellido, la neutralidad queda reducida a un informe.
Los ciudadanos ya anuncian acciones ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Piden verificar domicilios, depurar registros y esclarecer si detrás de estas cifras hay una operación electoral en marcha.
Porque cuando el Estado repite un apellido, cuando la campaña se disfraza de gestión y cuando los electores aparecen de golpe, el problema deja de ser administrativo.
Se vuelve político.
Y, eventualmente, penal.
