El Consejo Regional de Áncash acaba de otorgar la licencia sin goce de haber al consejero por la provincia del Santa, Álex Peláez Vera, trámite que le permitirá postular como diputado en las elecciones generales de 2026. La medida, formalmente registrada como Pedido N.º 0010-2025-GRA/CR-AIPV, regirá del 11 de febrero al 12 de abril de 2026. Según Peláez, el proceso cumple con las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y respeta los principios de neutralidad y transparencia.
Pero la formalidad del papel no debe ocultar la realidad: Alex Peláez ha hecho de su cargo de consejero un trampolín para la visibilidad política, más preocupado por la autopromoción que por la fiscalización efectiva. Selfies con obras, titulares mediáticos y anuncios de supuestas auditorías contrastan con informes del Consejo Regional que lo ubican entre los consejeros con planes de fiscalización sin resultados concretos. En otras palabras: la transparencia se exhibe para la cámara, no para la ciudadanía.
El escenario se complica con la sombra de su padre adoptivo político, Socio Caldas, también candidato por Somos Perú, cuya influencia en la región es conocida y cuya carrera ha estado salpicada de denuncias por presuntos delitos financieros. El padrinazgo de Caldas y la relación con el partido permiten a Peláez proyectar su candidatura mientras la ciudadanía cuestiona si su trayectoria es de servicio público o de proselitismo personal.
La licencia aprobada por el Consejo no cambia otra verdad: Peláez ha usado la fiscalización como un medio para construir un perfil público, aprovechando recursos y espacios de la política regional para posicionarse de cara a las elecciones. En el trasfondo, el partido Somos Perú actúa como plataforma de respaldo, mientras que los ciudadanos aún esperan resultados reales y claridad sobre denuncias graves que pesan sobre el consejero.
Que Peláez sea ahora formalmente candidato a la cámara de diputados no exonera ni su historial ni su obligación de rendir cuentas: la política regional necesita líderes con ética y resultados concretos, no figuras que convierten la función pública en marketing personal y padrinazgos estratégicos.
