El Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó con cuatro meses de inhabilitación a Luis Enrique Celedonio Gargate, tras confirmarse que contrató con el Estado pese a estar impedido por vínculo familiar con un exconsejero regional.
En una resolución emitida el 18 de marzo de 2025, la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó al proveedor Luis Enrique Celedonio Gargate por haber suscrito un contrato con el Gobierno Regional de Áncash mientras se encontraba impedido legalmente. La sanción consiste en cuatro meses de inhabilitación temporal para contratar con el Estado.
La infracción se remonta a mayo de 2019, cuando Celedonio Gargate fue contratado como asistente técnico administrativo para una obra de mejoramiento en el canal de irrigación del sector Capellanía, en el distrito de Moro, provincia del Santa. El contrato, valorizado en S/ 3,000, fue emitido mediante la Orden de Servicio N.º 1141.
Sin embargo, el proveedor omitió un detalle sustancial: su hermano, Alexander Wilson Celedonio Gargate, era entonces consejero regional de Áncash, cargo que ejerció desde enero de 2019 hasta diciembre de 2022. Según la Ley de Contrataciones del Estado, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad de autoridades regionales no pueden contratar con el Estado en el ámbito territorial de su pariente, durante el ejercicio del cargo y hasta un año después de concluido.
La Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE detectó esta situación en 2022 y alertó al Tribunal. A lo largo del proceso, se verificó que el proveedor declaró —falsamente— no tener impedimentos para contratar con el Estado, constituyendo una infracción tipificada en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones.
Luis Enrique Celedonio Gargate nunca se presentó ni formuló descargos, a pesar de haber sido notificado a través de la Casilla Electrónica del OSCE. Su silencio fue tan elocuente como su falta: la Sala resolvió en base al expediente y confirmó que la contratación violó el marco normativo.
El caso no es solo una anécdota administrativa. Es una radiografía de cómo los vínculos de poder —familiares, políticos, institucionales— se entrelazan a la sombra de las contrataciones públicas, dejando al descubierto una cultura del «todo vale», mientras la legalidad se negocia en los pasillos del poder.
¿Quién vigila a los que firman? ¿Quién responde por los que no declaran, no verifican, no advierten? Mientras tanto, los contratos siguen saliendo y las redes familiares siguen tejidas. Solo falta que alguien se atreva a romperlas.
