La Contraloría General de la República denunció irregularidades en la adjudicación de la obra “Creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en el tramo Caninaco a Huachucocha”, ubicada en el Centro Poblado Santiago de Cardón, en el distrito de San Luis, provincia Carlos Fermín Fitzcarrald.
El informe 002-2025-OCI/2755-SOO revela que el Comité de Selección de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald otorgó la buena pro al Consorcio Coning, pese a que uno de sus integrantes no cumplía con los requisitos para contratar con la entidad debido a la participación de Genma Ayala Varillas, actual Subgerente de Promoción del Turismo y Artesanía, en el consorcio.
La adjudicación se realizó el 30 de enero de 2025, tras un procedimiento de selección convocado por la Municipalidad mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), con un valor referencial de S/1,636,951.94. De los 23 participantes inscritos, solo el Consorcio Coning, compuesto por las empresas J & G Coning S.A.C. y W_F Consultores y Constructores S.R.L., presentó una oferta. J & G Coning S.A.C. posee el 70% de la participación en el consorcio.
La Contraloría descubrió que Genma Ayala Varillas, accionista del 50% de J & G Coning S.A.C., violó la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe a los servidores públicos con poder de decisión participar en procesos de contratación durante su ejercicio y hasta 12 meses después de haber cesado en el cargo. Además, establece que si una empresa supera el 30% de participación en un consorcio, su participación en contratos con la entidad en la que el servidor público tuvo influencia está prohibida.
La Contraloría ha señalado que la Municipalidad no garantizó la legalidad ni la transparencia en el proceso de adjudicación, permitiendo que un consorcio vinculado a una servidora pública en funciones obtuviera la obra. Este hecho pone en riesgo la integridad del proceso y la confianza pública.
Se espera que las autoridades tomen las medidas necesarias para esclarecer los hechos y garantizar el cumplimiento de las normativas sobre contrataciones públicas, evitando conflictos de interés y posibles favorecimientos indebidos.
