Las presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría en el mantenimiento de la plaza de armas de Anra —y que revelan un posible perjuicio económico superior a S/ 52 mil— ya tienen un impacto directo en la vía penal. El Juzgado Especializado en Corrupción de Huaraz resolvió prorrogar por cinco meses más la investigación preparatoria contra exfuncionarios y proveedores involucrados, debido a la gravedad y complejidad de los hechos.
La medida judicial quedó formalizada en la Resolución N.° 06 del 11 de noviembre de 2025, que confirma que la Fiscalía Anticorrupción aún no logra culminar pericias clave, declaraciones indagatorias y cruces de información bancaria vinculados a las contrataciones observadas por la Contraloría en su Informe N.º 6076-2025-CG/GRAN-AOP.
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Según la Contraloría, la Municipalidad Distrital de Anra aprobó expedientes técnicos sin metrados ni planos completos, lo que impedía determinar de forma correcta el presupuesto del proyecto, valorizado en S/ 208,280.24.
El órgano de control detectó además:
- Pago de S/ 5,280.00 por un flete innecesario.
- Contrataciones por más de S/ 47,000.00 a proveedores sin experiencia ni actividad económica compatible.
- Deficiencias graves en los procedimientos de contrataciones menores a 8 UIT.
- Riesgos de sobrevaloración y servicios no ejecutados conforme al expediente técnico.
Uno de los casos más cuestionados es el de Yovani Villavicencios Collazos, favorecido con la instalación de 64 paneles solares y labores de mantenimiento eléctrico pese a no tener experiencia previa, ni registro en SUNAT vinculado a actividades técnicas relacionadas.
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El juez Florentino Carlos Sánchez Jamanca concluyó que:
- Las diligencias pendientes (pericia contable, pericia grafotécnica, declaraciones e información bancaria) son “indispensables” y no pudieron ejecutarse por la alta carga de trabajo pericial y la falta de entrega de documentos por parte de la municipalidad.
- La investigación es compleja: involucra más de diez investigados, cuatro hechos delictivos y pericias especializadas.
- La Fiscalía presentó la solicitud de prórroga dentro del plazo, por lo que procede ampliarla hasta el 22 de febrero de 2026.
- Se convalidan las diligencias realizadas fuera del plazo inicial al no advertirse vulneración del derecho de defensa.
𝗟𝗢𝗦 𝗜𝗠𝗣𝗨𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦
La investigación penal comprende presuntos delitos de:
- Colusión simple
- Peculado por apropiación para otro
- Falsificación de documentos
Entre los investigados figuran funcionarios, exfuncionarios y particulares involucrados en las contrataciones cuestionadas.
𝗟𝗔 𝗟𝗜́𝗡𝗘𝗔 𝗤𝗨𝗘 𝗨𝗡𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗟𝗢𝗥𝗜́𝗔 𝗬 𝗟𝗔 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔
El informe de Contraloría no solo reveló deficiencias técnicas y administrativas: es ahora una de las pruebas centrales en la investigación fiscal, según los propios fundamentos de la resolución.
La prórroga judicial confirma que el caso no está cerrado y que, por el contrario, ingresa a una fase decisiva, donde las pericias y el cruce de información financiera podrían determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales.
