Contraloría descubre presunto fraude en contrataciones del plan de residuos sólidos en Chavín de Huántar
¿Qué ocurrió, quiénes están involucrados y qué consecuencias podría haber?
La Contraloría General de la República ha detectado serias irregularidades en la gestión de la Municipalidad de Chavín de Huántar, liderada por el alcalde Oswaldo Montes Albornoz. Un informe (N° 031-2024-2-1140) revela que el plan de disposición final de residuos sólidos en el Complejo Ecológico Agush, aprobado en 2023, se ejecutó sin cumplir las disposiciones de la declaratoria de emergencia y mediante procedimientos irregulares.
La investigación señala que el proyecto se fragmentó en nueve contrataciones, cada una por montos iguales o inferiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), sumando un total de S/172,778.69. Estas adjudicaciones favorecieron a las empresas Chavín Milenaria (RUC 20533932330) y Benigno Artemio Mariluz La Rosa (RUC 10413021877), cuyos representantes mantenían vínculos laborales y familiares.
Uno de los hallazgos más graves es que Benigno Artemio Mariluz La Rosa, proveedor contratado, tenía un vínculo de segundo grado de consanguinidad con Roberto Elihu Mariluz La Rosa, exregidor de la municipalidad, lo que lo inhabilitaba para negociar con la entidad pública. Además, presentó documentación firmada la empresa Chavín Milenaria para acreditar experiencia en los términos de referencia, un aspecto también cuestionado por la Contraloría.
Asimismo, se determinó que Chavín Milenaria no cumplió con los requisitos técnicos exigidos en los términos de referencia, específicamente en el perfil profesional requerido para la operación de maquinaria pesada (retroexcavadora y excavadora). Estas deficiencias afectaron el adecuado cumplimiento de las funciones municipales y el uso eficiente de los recursos del Estado.
A raíz de estas irregularidades, la Contraloría ha recomendado iniciar acciones penales contra los funcionarios involucrados. En la lista de implicados figuran Yajaira Virginia Bailón Giraldo, Fernando Blanco Berrospi, Víctor Antonio Sánchez Caballero, Berzeluis Beckket Ortiz Villanueva y Juan Miguel Meza Gallardo.
El informe subraya la gravedad de estos hechos, que ponen en duda la transparencia y legalidad de las contrataciones realizadas en 2023. Además, advierte sobre la necesidad de tomar medidas correctivas para garantizar la correcta administración de los recursos municipales y evitar futuros casos de corrupción.
