La política ancashina tiene una enfermedad crónica: el poder se administra en familia. No importa el partido, el discurso o la bandera electoral. Al final, los cargos terminan circulando entre hermanos, parientes y allegados, como si la región fuera una propiedad privada y no una responsabilidad pública.
Esta vez, el protagonista vuelve a ser Juan Carlos Morillo Ulloa. El exgobernador regional de Áncash aparece nuevamente en carrera política bajo las filas del Partido Democrático Somos Perú, acompañado nada menos que por su hermana, Janeth Etelvina Morillo Ulloa, quien figura oficialmente como candidata a la vicegobernación regional.
La fórmula ya aparece consignada en el documento de presentación partidaria: Morillo como candidato a gobernador y su hermana como aspirante a vicegobernadora. Todo queda en casa.
El hecho ha generado cuestionamientos debido a los antecedentes políticos y judiciales que arrastra el exgobernador. Morillo fue detenido y enviado a prisión preventiva durante las investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con contrataciones y obras ejecutadas durante la emergencia sanitaria. Aunque recuperó su libertad y mantiene actividad política, su nombre continúa ligado a investigaciones y críticas por su gestión regional.
Ahora, lejos de tomar distancia del poder, parece apostar por reforzar el círculo de confianza familiar. Una práctica vieja en la política peruana, pero especialmente recurrente en Áncash, donde varias autoridades han convertido los espacios públicos en extensiones de sus entornos personales.
El problema no es solamente el parentesco. El problema es el mensaje. Porque mientras miles de profesionales buscan oportunidades en una región golpeada por el desempleo y la desconfianza institucional, las candidaturas parecen decidirse entre apellidos conocidos y vínculos sanguíneos.
En Áncash, la política suele funcionar como una reunión familiar con presupuesto público. Y cuando eso ocurre, la democracia termina reducida a una mesa donde siempre se sientan los mismos.
