En Mariscal Luzuriaga, los cuestionamientos a la gestión municipal no solo giran en torno a una obra de más de S/ 14 millones observada por la Contraloría, sino también a un escenario político marcado por lo que ciudadanos califican como un intento de continuidad familiar en el poder.
El proyecto de saneamiento en Piscobamba y siete localidades figura con 100% de avance físico en el sistema Infobras. Sin embargo, el Informe de Hito de Control N.° 002-2026-OCI/0340-SCC advierte irregularidades en la supervisión, deficiencias técnicas en la ejecución de componentes clave como redes y PTAR, así como paralizaciones durante su desarrollo.
A este panorama se suma la sentencia contra Tania Nelsi Valverde Romero, hija del alcalde provincial, condenada a 4 años y 9 meses de prisión efectiva por negociación incompatible, tras comprobarse el favorecimiento indebido a un consorcio en un proceso de contratación pública. La sanción incluye además 10 años de inhabilitación.
En paralelo, ha generado controversia la candidatura de Lenin Valverde a la alcaldía provincial, por el partido Podemos Perú, también integrante del entorno familiar del burgomaestre. Diversos sectores advierten un presunto uso de la estructura municipal con fines políticos, lo que podría vulnerar el principio de neutralidad del Estado.
Para analistas y ciudadanos, el conjunto de hechos —obra observada, sentencia judicial y escenario electoral— alimenta la percepción de que no solo está en juego la gestión pública, sino la posible continuidad de un mismo entorno familiar en la conducción del poder local.
