En Huachis, un “mantenimiento” terminó convertido en una caja chica para pagar gastos administrativos. Eso es, en esencia, lo que advierte el informe de auditoría de cumplimiento N.º 034-2025-2-0338-AC de la Contraloría General de la República, que pone bajo la lupa el manejo de recursos del canon minero durante la gestión del alcalde 𝐄𝐩𝐢𝐦𝐚𝐜𝐨 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐫𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐝𝐨.
El documento concluye que funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huachis habrían simulado una actividad de mantenimiento para utilizar recursos del canon minero en gastos corrientes. El resultado: S/119,479.80 de perjuicio económico para el Estado.
Un mantenimiento que no era mantenimiento
La historia comienza con la aprobación de un expediente técnico denominado “Mantenimiento del Palacio Municipal”, ejecutado entre julio de 2021 y enero de 2023. Sobre el papel, se trataba de mejorar la infraestructura del edificio edil. En la práctica, según la auditoría, el presupuesto terminó financiando actividades que nada tenían que ver con paredes, techos o instalaciones.
Entre las partidas pagadas con dinero del canon minero aparecen:
• Sueldos de personal para labores administrativas.
• Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Local.
• Un inventario de bienes patrimoniales.
• Combustible para movilización de personal.
Todo ello fue cargado al proyecto de “mantenimiento”, pese a que la normativa del canon prohíbe expresamente destinar esos recursos a gastos corrientes.
El expediente que desapareció
La auditoría también encontró un vacío documental difícil de justificar: no existe el expediente técnico original ni la liquidación de la actividad en los archivos de la municipalidad.
El consultor encargado de elaborar dicho expediente aseguró que la información se perdió tras el robo de su laptop, una explicación que la comisión auditora consignó en su informe, pero que deja más preguntas que respuestas.
Contrataciones cuestionadas
Las irregularidades no terminan allí. La Contraloría detectó que se contrató a un ingeniero civil como residente y a una supervisora para la actividad de mantenimiento, cargos que —según la normativa— no eran necesarios bajo esa modalidad.
Ese detalle generó un gasto adicional de S/36,000, considerado innecesario por la comisión auditora.
Además, se pagó a un proveedor por la elaboración de un inventario de bienes patrimoniales que, en realidad, habría sido realizado por el propio personal de informática de la municipalidad.
Responsabilidades en evaluación
El informe concluye que hubo deficiencias graves en el control interno y vulneración de la Ley del Canon y de la Ley de Presupuesto del Sector Público.
Por ello, la Contraloría advierte posibles responsabilidades administrativas y civiles para varios funcionarios que ocuparon cargos clave en las áreas de Desarrollo Social, Planeamiento y Presupuesto, y Logística durante el periodo auditado.
En otras palabras: el dinero que debía destinarse al desarrollo del distrito terminó diluido en gastos administrativos disfrazados de mantenimiento.
Y esa factura —como suele ocurrir— la paga el Estado.
