Una vez más, Huari aparece en el radar de la Contraloría no por una obra culminada, sino por un proceso bajo sospecha. Esta vez, el órgano de control puso bajo observación la licitación del Terminal Terrestre de Huari, un proyecto valorizado en más de S/ 37 millones, donde el principio de igualdad de trato habría quedado reducido a una formalidad decorativa.
El Informe de Control advierte que el Comité de Selección decidió no admitir la oferta de uno de los postores por un error formal subsanable, argumentando que su promesa de consorcio no acreditaba adecuadamente la responsabilidad patrimonial solidaria. Hasta ahí, el procedimiento parecía ajustarse al reglamento. El problema surge cuando se revisa a quién sí se le permitió continuar.
La buena pro fue otorgada al Consorcio Terminal Terrestre, pese a que —según la propia Contraloría— presentaba la misma observación en su promesa de consorcio. Es decir, lo que para uno fue causal de exclusión, para otro fue una omisión tolerable. Dos varas, una sola licitación.
Este trato desigual, señala el informe, vulnera los principios de igualdad, competencia y transparencia que deben regir las contrataciones del Estado y expone a la municipalidad al riesgo de no contratar en las mejores condiciones, comprometiendo recursos públicos millonarios.
UNA GESTIÓN QUE NO VIGILÓ
El alcalde Lorgio Ríos Ocaña no integra formalmente el Comité de Selección, pero sí encabeza la gestión municipal bajo la cual se desarrolló un proceso que la Contraloría considera desigual. En la administración pública, la responsabilidad política no se delega: se ejerce o se evade.
El informe no cuestiona solo un procedimiento, sino una forma de gestionar. Una gestión que permitió que un error subsanable se convierta en causal de exclusión para unos y en detalle irrelevante para otros. No es un problema técnico: es un problema de conducción institucional.
Cuando la municipalidad no garantiza reglas iguales para todos, la competencia desaparece y la transparencia se vuelve discurso. Y eso, en una obra de más de S/ 37 millones, no es un descuido menor.
DEL CONTROL A LA FISCALÍA
El informe no es anecdótico. Sus conclusiones han servido de sustento para que un ciudadano presente una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, señalando al alcalde Lorgio Ríos Ocaña y a los miembros del Comité de Selección por presuntos delitos de colusión, negociación incompatible, nombramiento ilegal y omisión de funciones. La investigación se encuentra en trámite y, por ahora, no existe pronunciamiento fiscal definitivo.
La Contraloría no acusa, pero advierte.
No sentencia, pero deja constancia.
Y lo que deja escrito es claro: el proceso no fue igual para todos.
El alcalde puede alegar desconocimiento. Puede insistir en que “no vio nada”. Pero gobernar también es vigilar, y cuando el control falla, el silencio deja de ser prudencia para convertirse en omisión política.
Huari no cuestiona una obra.
Cuestiona una gestión.
Y cuando es la Contraloría la que lo dice, ya no es opinión: es advertencia.
