En Cabana, provincia de Pallasca, la educación pública vuelve a ser escenario de un sainete que desnuda la precariedad institucional y la complacencia de sus autoridades. La UGEL Pallasca aparece como responsable de un proceso de contratación que raya en lo grotesco: se pagaron S/ 4,200 por un servicio técnico a un supuesto ingeniero que no tenía título, colegiatura ni registro académico en SUNEDU.
La Contraloría lo ha dicho sin rodeos: la entidad reconoció un pago por un servicio ejecutado por alguien que no cumplía los requisitos mínimos. El contratado, Marco Antonio Molero Pino, se presentó como “ingeniero electromecánico” y hasta firmó con un código CIP que resultó pertenecer a otra persona. Un plagio de identidad en toda regla.
El informe revela que el documento universitario exhibido por Molero era ilegible y, peor aún, inexistente según la propia Universidad Nacional de San Agustín. SUNEDU confirmó que no hay registro de grado ni título alguno. En otras palabras, el “ingeniero” era un fantasma académico.
Y mientras tanto, la camioneta institucional de placa H2D-801 fue diagnosticada por alguien que no tenía las credenciales para hacerlo. ¿Qué significa esto? Que la UGEL Pallasca no solo vulneró la normativa de contrataciones públicas, sino que puso en riesgo la calidad del servicio y la seguridad de su propio patrimonio.
La ley es clara: presentar documentos falsos constituye una infracción administrativa sancionable. Pero aquí nadie parece inmutarse. La entidad, que debería ser garante de la transparencia, se convierte en protagonista de una historia que huele a encubrimiento y negligencia.
La educación en Pallasca merece algo mejor que este teatro de la improvisación. Porque cuando se normaliza la mentira y se paga por servicios fantasmas, lo que se erosiona no es solo el presupuesto público: es la confianza de toda una comunidad en sus instituciones.
