
El Pleno del Consejo Regional de Áncash aprobó por mayoría el Informe N.º 02-2025, elaborado por el consejero por Pomabamba, Yuri Alfonso Álvarez Álvarez, que destapa graves deficiencias en los proyectos de riego tecnificado por aspersión ejecutados en Chincho, Viñac y Huarangay, a cargo de la Dirección Regional Agraria de Áncash.
🔻 Hallazgos que preocupan
La fiscalización dejó al descubierto omisiones, retrasos, inconsistencias técnicas y riesgos legales que comprometen la correcta ejecución de estos proyectos destinados a mejorar el acceso al agua para cientos de familias.
🔸 Proyecto Chincho (Huayllán)
- El expediente técnico tiene partidas omitidas, pese a estar en los planos.
- La obra se ejecuta sin saneamiento físico-legal del terreno del reservorio.
- Se verificó que el contratista trabajó sin dirección técnica ni supervisión, aun con la obra suspendida.
- La suspensión se debe a la falta de respuesta de la entidad ante consultas y un adicional, provocando un atraso físico del 35.08%.
- Se encontraron deficiencias constructivas, como desprendimiento del tarrajeo del reservorio.
🔸 Viñac y Huarangay (Quinuabamba)
- El expediente presenta inconsistencias en planos, costos y especificaciones, generando riesgos de una mala ejecución.
- La Municipalidad emitió un documento de “libre disponibilidad” sin saneamiento físico-legal, poniendo en duda la legalidad del proceso.
- Hay demora en el pronunciamiento sobre un adicional, lo que podría paralizar la obra.
🔸 Panorama general
Los dos proyectos muestran un patrón preocupante: deficiencias técnicas, falta de control y decisiones administrativas tardías, que ponen en riesgo la continuidad de obras clave para las comunidades campesinas.
🟩 ¿Qué dispuso el Consejo?
El Pleno aprobó el informe y acordó:
- Remitir el caso a la Secretaría Técnica del PAD, para investigar al director regional Agrario por presunta obstrucción a la fiscalización.
- Iniciar investigaciones a los funcionarios que revisaron los expedientes técnicos y ordenar acciones correctivas en un plazo de 30 días.
- Exigir la implementación de mecanismos de control y revisión técnica para evitar deficiencias en futuros proyectos.
- Enviar lo actuado al OCI, registrar la fiscalización en el balance semestral y publicar el acuerdo en el portal institucional






