En la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, once regidores decidieron que el presupuesto público podía servirles de suplemento alimenticio. En abril de 2025, se aprobaron un incremento de dietas que pasó de S/1,550 a S/2,730 mensuales. ¿La justificación? Una ley que no los autoriza. ¿La consecuencia? Un presunto perjuicio económico de S/64,900. ¿La reacción del Ministerio de Economía y Finanzas? Un silencio que huele a complicidad.
𝗘𝗹 𝗮𝗰𝘂𝗲𝗿𝗱𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗮𝗿ó 𝗲𝗹 𝗴𝗮𝘀𝘁𝗼
El Concejo Municipal aprobó el Acuerdo N.º 028-2025-MDNCH el 10 de abril de 2025. En él se fijó que las dietas de los regidores equivaldrían al 30% de la remuneración del alcalde. La ley N.º 32269, que modificó el artículo 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades, fue usada como escudo. Pero la Contraloría fue clara: esa ley no exime a los gobiernos locales de la prohibición de incrementar ingresos establecida por la Ley de Presupuesto del Sector Público (Ley N.º 32185).
La dieta subió. El gasto también. Y la legalidad quedó en suspenso.
𝐋𝐨𝐬 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐭𝐫á𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐨
Estos son los regidores que aprobaron y se beneficiaron del incremento:
- Milagritos Karina Manrique Quipusco
- Julio César Maceda Cruzado
- Zoila Renee Villanueva Calonge
- Abel Dino Palma León
- Diana Katherine Manrique Muguerza
- Jorge Raúl Gómez Arana
- Diana Anghella Cueva Melgarejo
- Beatriz Madrid Amayo
- Juan Augusto Zavaleta Pinedo
- Susana Margarita Bustillos Oyanguren
- Ronald Javier Nieto Gallo
Todos ellos asistieron a las sesiones, todos cobraron, y todos callaron cuando el MEF advirtió que el reajuste violaba la ley.
𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝𝐚𝐣𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥
La Oficina General de Asesoría Jurídica opinó que los acuerdos de concejo “surten sus efectos” mientras no sean anulados. Y recomendó pedir opinión al MEF. Se pidió. No hubo respuesta. Y como nadie dijo lo contrario, se siguió pagando.
La ley dice que los regidores son responsables individualmente por actos violatorios. Pero en la práctica, la responsabilidad se diluye entre actas, acuerdos y silencios.
¿𝐘 𝐚𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐪𝐮é?
La Contraloría ha recomendado al alcalde Walter Jesús Soto Campos adoptar medidas correctivas. Pero no hay sanción, no hay devolución, no hay denuncia. Solo una notificación electrónica y un plan de acción que, si llega, será dentro de veinte días hábiles. Y si no llega, tampoco pasa nada.
Nuevo Chimbote no es la excepción. Es el síntoma. En el Perú, el poder local se administra como chacra. Y la ley, como adorno.
