¿La gestión del actual alcalde favoreció a una empresa manejada por un exregidor sentenciado por corrupción?
Desde que asumió la alcaldía de Mariscal Luzuriaga en 2023, Jorge Valverde Mendoza prometió una administración «honesta y eficiente». Sin embargo, los hechos parecen contradecir su discurso: bajo su gestión, una empresa vinculada a un exregidor sentenciado por corrupción se convirtió en una de las principales beneficiarias del presupuesto público.
Las obras del escándalo
El 20 de septiembre de 2023, la Municipalidad Provincial de Mariscal Luzuriaga convocó la Adjudicación Simplificada N° 12-2023-MPML/CS-1 para construir una infraestructura deportiva en Cushipata. La obra fue valorizada en S/ 1 577 418,60, equivalente al 100% del monto referencial.
La buena pro fue otorgada el 3 de octubre de 2023 a Constructora y Multiservicios Romandayu E.I.R.L., cuyo representante legal es Manfredo Manuel Guerrero Huamán, exregidor municipal sentenciado en 2022 por corrupción de funcionarios.
La empresa tiene como domicilio fiscal un modesto local en Jr. César Vallejo S/N, Piscobamba, a media cuadra del Banco de la Nación, detalle que resalta en los documentos oficiales pero que no guarda relación con el volumen millonario de contratos adjudicados bajo la gestión de Valverde Mendoza.
Obras inconclusas, pagos completos
Según el Informe de Control Simultáneo N° 002-2025-OCI/0340-SCC de la Contraloría General de la República, aunque la entrega de terreno se realizó en octubre de 2023, la ejecución real recién comenzó en mayo de 2024.
Pese a que la obra debía culminar en febrero de 2025, en una inspección realizada en marzo de ese año, los auditores encontraron los trabajos inconclusos. Aun así, la Municipalidad recepcionó la obra —con observaciones— y permitió el pago completo de las valorizaciones, evidenciando negligencia en la supervisión y el control de calidad.
Entre las principales irregularidades señaladas por Contraloría destacan:
- Permitir que el contratista continúe ejecutando trabajos, pese a haber culminado formalmente la obra, generando incumplimiento de plazos y omisión de penalidades.
- No cautelar la correcta ejecución de partidas conforme al expediente técnico, poniendo en riesgo la calidad y durabilidad de la infraestructura.
- Pagar valorizaciones de partidas no ejecutadas en su totalidad, generando un posible perjuicio económico.
Una gestión que repite patrones
No fue un hecho aislado. Durante la gestión de Jorge Valverde Mendoza, Constructora y Multiservicios Romandayu E.I.R.L. también ganó otros contratos relevantes:
- Mejoramiento de saneamiento básico en ocho localidades, como parte de un consorcio adjudicado por S/ 11 920 119,07.
- Construcción de un puente en Huayllapampa-Socosbamba, por más de S/ 535 000.
- Venta de materiales de construcción a la Municipalidad por S/ 28 500.
Todo ello bajo procedimientos que, si bien formales en apariencia, dejaron abiertas múltiples dudas sobre la transparencia y la imparcialidad de los procesos.
El socio incómodo
El nombre de Manfredo Manuel Guerrero Huamán no es desconocido en Piscobamba. Fue regidor de la misma municipalidad y, en 2022, condenado junto a otros funcionarios por el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de un local sindical. Su sentencia incluyó cuatro años de pena suspendida y el pago solidario de más de S/ 672 000 por reparación civil.
Que una figura con estos antecedentes maneje actualmente obras públicas claves refleja la permisividad y la falta de filtros en la administración de Jorge Valverde Mendoza.
Penalidades que no llegan
Aunque los contratos establecen penalidades de hasta el 10% del monto adjudicado por retrasos e incumplimientos, la Municipalidad no aplicó sanciones evidentes contra Romandayu E.I.R.L., a pesar de los incumplimientos detectados.
La inacción del alcalde y su equipo refuerza la percepción de complicidad o, al menos, de grave negligencia en la vigilancia del dinero público.
Un municipio bajo la lupa
La Contraloría General de la República advirtió que la Municipalidad aprobó pagos por partidas no ejecutadas y no garantizó la calidad técnica de la obra, comprometiendo su durabilidad y causando un potencial perjuicio al Estado.
Mientras en los informes oficiales todo parece estar en regla, en el campo —entre concreto sin fraguar y fierros expuestos— se esconde una verdad más dura: en Mariscal Luzuriaga, bajo la gestión actual, el cemento no cubre las grietas de la corrupción.
