La Municipalidad Provincial de Casma habría iniciado el procedimiento de recepción de la obra “Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial y primaria de la I. E. N.° 88212 Antonio Raymondi” sin que esta haya sido concluida y sin contar con el suministro de electricidad, lo que impediría verificar la operatividad de las instalaciones eléctricas y sanitarias. Así lo revela el Informe de Hito de Control N.° 013-2025-OCI/0335-SCC emitido por la Contraloría General de la República.
El informe advierte que, pese a que el plazo contractual de ejecución de la obra venció el 11 de febrero de 2025, hasta el 14 de febrero —fecha en la que se reporta la culminación en el cuaderno de obra— aún no se contaba con servicios básicos como agua y electricidad, imprescindibles para realizar las pruebas técnicas de las instalaciones.
Aún más grave, la supervisión de obra habría emitido un certificado de conformidad técnica sin constatar el funcionamiento de dichas instalaciones, contraviniendo el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que exige verificar el cumplimiento del expediente técnico antes de continuar con la recepción.
Durante una visita de control el 20 de febrero de 2025, la Contraloría evidenció múltiples partidas inconclusas: alarmas contraincendios sin instalar, tableros eléctricos desconectados, puertas sin chapas, luces de emergencia faltantes, luminarias exteriores sin colocar, y trabajos de pintura y arquitectura aún en ejecución. Incluso, se verificó que las pruebas eléctricas y la puesta en servicio no se habían realizado, lo cual constituye una partida específica dentro del expediente técnico.
A pesar de las observaciones, el 27 de febrero el comité de recepción —designado por la propia Municipalidad— continuó con el proceso y suscribió un acta de pliego de observaciones, en la que reconoce que no se pudo verificar la operatividad de las instalaciones por falta de servicios básicos. Sin embargo, este procedimiento se estaría realizando al margen de las disposiciones legales.
El acta del 28 de marzo indica que si bien ya se cuenta con agua y desagüe, el suministro eléctrico aún está en trámite, a pesar de que la Entidad tuvo 240 días para gestionarlo. La memoria de cálculo del expediente considera un sistema trifásico, y la responsabilidad de garantizar la operatividad recae sobre la propia Entidad, según lo estipulado por ley.
Finalmente, una nueva inspección el 31 de marzo constató que persisten observaciones en el adoquinado y los acabados. En este contexto, la Contraloría advierte que la obra corre el riesgo de ser recepcionada sin verificar plenamente su funcionalidad, lo que podría derivar en la inaplicación de penalidades por mora al contratista ejecutor, Consorcio Los Álamos.
