La Contraloría General de la República, a través del Informe N° 016-2024-OCI/2755-SCC, identificó múltiples irregularidades en la aprobación del expediente técnico del sistema de agua potable de la Municipalidad Distrital de San Nicolás, bajo la gestión del alcalde Edgar Pari Olórtegui. Estas deficiencias podrían afectar la correcta ejecución del proyecto y generar riesgos de sobrecostos y fallas estructurales.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la falta de un cálculo hidráulico adecuado para la línea de conducción del sistema de agua potable. Esto podría ocasionar sobrepresión en la tubería, generando daños y fallas en la infraestructura. Asimismo, la municipalidad aprobó el expediente sin determinar la ubicación y área para la disposición final del material excedente, lo que podría alterar la estimación del valor referencial y aumentar el impacto ambiental negativo en las fuentes de agua.
Otro aspecto crítico señalado en el informe es la ausencia de acreditación del diseño de mezclas de concreto y el estudio de materiales de cantera. Esta omisión podría derivar en variaciones en la cantidad de insumos requeridos y en el uso de materiales que no cumplen con la normativa vigente, afectando la durabilidad del proyecto.
Además, la Contraloría evidenció inconsistencias en el desarrollo de los componentes del expediente técnico, lo que infringe la normativa vigente y podría generar conflictos durante la ejecución de la obra. También se identificó la falta de estudios de mercado y cotizaciones de materiales, lo que impide garantizar que el presupuesto aprobado refleje el valor real del proyecto.
El informe detalla que el expediente técnico incluye partidas con la unidad de medida «global» sin sustento, por un monto de S/1 064 155,13, lo que podría distorsionar el costo real del proyecto. Asimismo, no se acreditó la disponibilidad del terreno conforme a la normativa aplicable, lo que representa un riesgo adicional para la ejecución de la obra.
Frente a estas observaciones, la Contraloría insta a la municipalidad a tomar las medidas correctivas necesarias para evitar perjuicios económicos y garantizar la correcta ejecución del proyecto de agua potable en beneficio de la población.
