El informe de Contraloría 010-2025-OCI/0343-SCC ha revelado que el contratista de la obra “Mejoramiento de la línea de conducción del servicio de agua potable de la ciudad de Recuay”, ubicada en la provincia de Recuay, departamento de Áncash, no cumplió con la participación del personal profesional clave durante el periodo de ejecución, lo que ha generado riesgos significativos para la calidad de la obra, el cumplimiento del contrato y el incremento de penalidades contractuales.
A pesar de que el calendario de plantel profesional clave fue presentado por el contratista, la supervisión no informó a la entidad sobre las ausencias del personal, lo que ha dado lugar a una penalidad de S/ 45,162.82. La valorización n° 2 presentada por el Consorcio Querococha, correspondiente al periodo de diciembre de 2024, muestra que el residente de obra, ingeniero German Armando Sánchez Pajuelos, no cumplió con su presencia permanente en el proyecto, lo que es requerido según el expediente técnico del contrato. Este incumplimiento se evidencia aún más al comprobar que Sánchez Pajuelos estuvo trabajando simultáneamente en otro proyecto, a 95.2 km de distancia, lo que hace imposible su presencia constante en la obra de Recuay.
Además, la documentación revela que el especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, Miguel Ángel Daniel Huamán Morales, no cumplió con las tareas asignadas, ya que su firma en los formatos de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) no coincide con su firma registrada en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ni en su título profesional. Igualmente, el especialista ambiental, Berkeley Marino Aquiño Bobadilla, no estuvo presente en la obra los días 28, 30 y 31 de diciembre de 2024, incumpliendo su calendario de participación.
Aparte de estos problemas con la plantilla profesional, la Contraloría también ha señalado que varias partidas de la obra se ejecutaron sin seguir las especificaciones técnicas ni el análisis de costos unitarios establecidos en el expediente técnico, lo que podría generar un perjuicio económico de hasta S/ 173,973.55 para la entidad contratante.
El informe destaca que la supervisión de la obra, encabezada por Walter Alfredo Botello Alva, no reportó ni corrigió estas irregularidades, lo que ha llevado a la falta de aplicación de las penalidades correspondientes. De acuerdo con la normativa vigente, la ausencia del personal profesional acreditado en obra constituye una infracción, lo que obliga a la entidad a informar al Tribunal de Contrataciones del Estado.
