La Contraloría también detectó la inaplicación de penalidades oportunas por un monto de S/40,925.54.
La Contraloría General de la República detectó irregularidades graves en la ejecución del servicio de «Mantenimiento del cerco perimétrico de la antena parabólica» en Pontó, Áncash, que resultaron en un perjuicio económico de S/120,772.57. Según el informe N° 050-2024-2-0338, los servidores de la Municipalidad Distrital de Pontó otorgaron conformidades para el pago de un servicio que no cumplió con las especificaciones técnicas establecidas, incluyendo la ejecución de metrados no realizados y la falta de aplicación de penalidades por S/40,925.54.
El servicio fue contratado en 2022 bajo la gestión del exalcalde Miguel Jara Mogollón, con un presupuesto de S/409,255.40 y un plazo de ejecución de 60 días. A pesar de que la municipalidad pagó la totalidad del costo de ejecución, a pesar de que no se ejecutaron ciertas partidas, como el «Equipamiento de antena» y «Equipamiento de radio». Además, las obras ejecutadas presentaron deficiencias, lo que comprometió la calidad del servicio.
El informe también revela que la actual gestión municipal, encabezada por el alcalde Percy Villanera, no aplicó las penalidades correspondientes a tiempo. El gerente de Infraestructura, Pedro Muñoz Minaya, comunicó la aplicación de penalidades más de un año después de lo debido, permitiendo que el contratista alcanzará la penalidad máxima sin consecuencias inmediatas.
El 4 de julio de 2024, tras una evaluación por parte del gerente de Infraestructura, Luis Alberto Rosales León, se resolvió el contrato con el «Consorcio S&V» (formado por las empresas ASENMER S.R.L e INVERSIONES MOLLEDA E.I.R.L.), ya que el servicio no había sido recepcionado ni liquidado debido a deficiencias en su ejecución.
La Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar acciones penales contra los funcionarios involucrados, entre los que se encuentran Flemin Vergara Espinoza, Carlos Mark Rojas León y Pedro Ernesto Muñoz Minaya. Este caso subraya la importancia de una supervisión rigurosa y la aplicación de sanciones a tiempo en las obras públicas, para evitar perjuicios económicos y asegurar el uso adecuado de los recursos del Estado.
