El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) registró que 138,534 ciudadanos de Áncash realizaron cambios de domicilio entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de corte del padrón inicial para las Elecciones Generales de 2026.
De esa cifra, 70,680 son hombres y 67,854 mujeres, según los datos oficiales. La mayor parte de los electores que modificaron su dirección se concentran en el grupo de 18 a 39 años, el segmento con mayor peso electoral en la región.
Pero hay una provincia donde el movimiento llama la atención: Huari, que concentra 41,935 cambios de domicilio, la cifra más alta en Áncash. De ese total, 21,144 corresponden a hombres y 20,791 a mujeres.
Los registros del RENIEC detallan, además, los distritos con mayor número de traslados dentro de Huari: Chavín de Huántar (6,969), Pontó (3,268), Huachis (2,494), San Pedro de Chana (1,585), Anra (1,399), Huacachi (1,229), Cajay (1,121), Huari (896), Masin (810), Huantar (758), Uco (745), Rapayán (642), Rahuapampa (576) y Huacchis (950).
El dato no es menor. Huari es la provincia que más canon minero recibe, gracias a la presencia de la empresa Antamina, una de las más poderosas del país. Y donde hay tanto dinero, también suele haber interés político.
Este fenómeno, que se repite en otras zonas de Áncash, ha despertado preocupación ante la cercanía de los comicios de 2026. En el ambiente político regional ya se habla de estrategias de reacomodo electoral o incluso de posibles intentos de manipular el padrón a favor de ciertos grupos.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el padrón será aprobado oficialmente el 13 de diciembre de 2025, mientras que la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE) realizará verificaciones en campo entre el 26 de octubre y el 23 de noviembre, para comprobar la validez de los cambios registrados.
Diversas voces en Áncash han pedido reforzar la vigilancia ciudadana y garantizar la transparencia del proceso electoral, ante la posibilidad de que los denominados “golondrinos” —electores que cambian de residencia con fines políticos— puedan alterar la voluntad popular en una región donde el poder, el dinero y los votos parecen cruzar el mismo camino.
