«𝗣𝗔𝗣𝗘𝗟𝗘𝗦 𝗧𝗥𝗨𝗖𝗛𝗢𝗦» 𝗬 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗢𝗥 Ú𝗡𝗜𝗖𝗢: 𝗔𝗦Í 𝗦𝗘 𝗚𝗔𝗦𝗧Ó 𝗦/𝟳𝟴 𝗠𝗜𝗟 𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗢𝗠𝗣𝗜𝗧𝗘 Á𝗡𝗖𝗔𝗦𝗛

La Contraloría General de la República identificó serias inconsistencias en el proceso de adquisición de una cámara hiperbárica, financiada por el Gobierno Regional de Áncash en la actual gestión de Koki Noriega como parte del plan de negocio “Mejoramiento de los servicios de turismo de aventura de la Asociación de Guías de Montaña del Perú”, ganador del concurso Procompite Regional 2023.
Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 035-2025-OCI/5332-AOP, el requerimiento técnico elaborado por la Gerencia de Desarrollo Económico presentó discrepancias entre la cantidad solicitada, el precio estimado y las cotizaciones disponibles. Mientras el expediente del plan de negocio contemplaba la compra de diez cámaras por S/83,000, las cotizaciones adjuntas solo cubrían dos unidades, y el requerimiento final se limitó a una sola cámara, sin sustento técnico ni económico claro.
𝐅𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐫𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬
La indagación de mercado realizada por la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales tampoco garantizó la pluralidad de postores, como exige la Ley de Contrataciones del Estado. Solo se recibió una cotización válida, la cual fue utilizada para establecer el valor referencial de S/78,210, afectando los principios de transparencia y libre concurrencia.
📑  𝐁𝐮𝐞𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨 𝐨𝐭𝐨𝐫𝐠𝐚𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐚
El comité de selección otorgó la buena pro a la empresa Sudamericana Logística Hisuki S.A.C., que presentó documentación sobre una supuesta venta previa de cámara hiperbárica por S/65,000. Sin embargo, la verificación ante SUNAT reveló que dicha empresa no emitió ningún comprobante de pago a favor del cliente declarado, lo que pone en duda la veracidad de la experiencia acreditada.
⚠️  𝐑𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫í𝐚
La Contraloría recomendó al titular del Gobierno Regional adoptar medidas correctivas y evaluar el deslinde de responsabilidades. El caso expone debilidades estructurales en la gestión de fondos concursables y contrataciones públicas, que podrían comprometer la integridad del programa Procompite.

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